La supresión impuesta por Educación alcanza, de momento, a alumnos de Secundaria.de urbanizaciones privadas dependientes de un municipio o ubicadas a menos de cuatro kilómetros del centro. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapar) apeló a la legislación y denunció que "esta Administración veta el derecho a la educación de parte de sus ciudadanos y fomenta la privatización de la educación, rompiendo con la equidad en el sistema público de educación" y trasladó a las familias que "no vamos a consentir este trato".
