El alcalde de Huesca, Luis Felipe, elogió ayer el trabajo realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha conseguido que se suavice la normativa sobre inversiones en las localidades con superávit. Este cambio, señaló, permitirá al ayuntamiento oscense dedicar tres millones más a un amplio abanico de inversiones financieramente sostenibles.
Estos fondos se pueden destinar a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.
Luis Felipe valoró muy positivamente esta medida aprobada por el Gobierno central y que ha venido siendo una de las principales reivindicaciones de los ayuntamientos, manifestada a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que el munícipe oscense forma parte en tanto que miembro de la actual Junta de gobierno.
«Llevamos muchos meses insistiendo en que el Ministerio de Hacienda autorizase a los ayuntamientos con superávit reinvertirlo en actuaciones que los propios municipios decidieran y que van destinados a mejorar los servicios de sus habitantes», recordó Luis Felipe.
CONOCER LAS NECESIDADES
El alcalde señaló que la medida aprobada abre las puertas a que el consistorio de la capital del Alto Aragón destine unos tres millones a un amplio abanico de inversiones como educación, cultura, sanidad o social.
Además, indicó que esta medida favorece a todos los ayuntamientos de la provincia de Huesca. «La Administración local es la que mejor gestiona sus recursos, la que mejor conoce dónde están las demandas de sus vecinos, y es de recibo que se compense con medidas como esta el esfuerzo y sacrificio que realizan los ayuntamientos», manifestó.
La posibilidad de reinvertir parte del superávit municipal venía siendo una de las demandas más importantes de los consistorios españoles que se encuentran en esta situación y a los que la estricta normativa adoptada a raíz de la crisis económica impedía llevar a cabo, al igual que a los que sufren déficit, a ahorrar para disminuir la deuda global.
