El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos solicitó ayer a la juez Teresa Palacios que declaren como imputados los cuatro mandos militares que participaron en las autopsias y filiaciones de los 30 cadáveres del accidente del Yakovlev, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía. Además, pidió la exhumación de los cuerpos que fueron identificados erróneamente.

En concreto, el fiscal reclama en un escrito dirigido a la juez que declaren como imputados el comandante médico J. R. Ramírez García y el capitán médico M. A. Sáez García, que extendieron los partes de las autopsias; y los generales Vicente Carlos Navarro y José Antonio Beltrán, "responsable de la actuación médica el primero y coordinador de operaciones el segundo".

RECLAMACIpN DE LAS FAMILIAS El representante del Ministerio Público hace suya la petición de exhumación de los cadáveres mal identificados del siniestro, principal reivindicación de los familiares de los militares fallecidos. Para proceder a las exhumaciones, el fiscal pide que una comisión judicial asegure la cadena de custodia de las muestras, que se dispongan todos los medios en el lugar más próximo posible al de la exhumación y que se dé la "máxima prioridad" a los informes. A finales de la pasada semana, el propio ministro de Defensa, José Bono, reclamó máxima celeridad a la Justicia para decidir sobre este asunto.

Burgos pide en su informe a Palacios que se confirme la incineración de seis de los cadáveres de los que no se han solicitado exhumaciones y, en caso negativo, proceder a la audiencia previa de sus familiares.

Asimismo, pide que declaren como testigos el general de brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la comisión de investigación interestatal del accidente, y el oficial del Cuerpo Jurídico Militar y comandante auditor Ruiz de los Paños, incorporado a la comisión española como asesor de los trámites legales.

Tras examinar la documentación sobre la contratación del vuelo siniestrado, el fiscal constata la existencia de un "grupo de control del contrato" formado por personal de la Sección de Logística Operativa de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto. Por tanto, considera procedente llamar como testigo al oficial o coordinador de ese "grupo de control" o a todos sus componentes. El fiscal no se pronuncia, sin embargo, sobre la declaración del ministro de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, que habían reclamado los familiares de las víctimas. El fiscal reitera al Ministerio de Defensa que envíe la documentación relativa a la identificación de los cadáveres.