La Fiscalía se adhirió este jueves a la tesis de la agrupación de sindicatos sanitarios Fasamet a la hora de considerar que el Gobierno de Aragón tiene una responsabilidad por no haber dotado adecuadamente de Equipos de Protección Individual (EPI) y otro material a los sanitarios y otros trabajadores y funcionarios públicos ante la pandemia del coronavirus. Una responsabilidad que no es penal, puntualizó el ministerio público, pero sí atenta contra la prevención de riesgos laborales y el derecho fundamental a la vida y la integridad.

En ello coincidieron el fiscal y el abogado de la acusación particular, José Manuel Aspas, en nombre de Fasamet. Lo hicieron en el primer juicio de los tres que se celebrarán en las provincias aragonesas, derivados de las denuncias que interpuso el sindicato por la falta de protección.

La vista, en el Juzgado de lo Social turolense, se celebró de forma telemática, y en ella el abogado de la DGA, en representación también del Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), defendió que la epidemia era imprevisible, que se trató de una causa de fuerza mayor, lo que exoneraría al Ejecutivo autonómico de responsabilidad. Consideró además que lo que se pidió por parte de Fasamet, y a la postre también de la Fiscalía, que es la entrega de material, ya se está realizando, en la medida en que se puede.

Las acusaciones, por contra, afirmaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido de la enfermedad en enero, y hubo diversas alertas en los meses siguientes hasta la declaración de pandemia en marzo.

En definitiva, que hubo tiempo de hacer acopio de material, y de hecho los empresarios lo consiguieron para el propio Gobierno de Aragón, como este ha reconocido. La falta de medios de protección, entiende, atentaría contra el derecho fundamental a la vida y la integridad física, algo con lo que se mostró de acuerdo el ministerio público, y contra el deber de proteger a los trabajadores por parte de cualquier empresa, también la Administración.

La decisión del juez podría conocerse en un plazo de unos diez días.

FASAMET PIDE EQUIPOS, NO INDEMNIZACIÓN

Lo que solicita Fasamet en el proceso es la entrega de todo el material sanitario, no indemnizaciones, entre otras cosas porque, como entidad, no puede hacerlo, al no sufrir daño concreto. Es lo que también solicitaron en las medidas cautelares al inicio de este procedimiento, hace unas semanas. Los tribunales de hecho dieron al Gobierno de Aragón un plazo de 24 horas para la entrega, pero tras recurrir este, modularon la urgencia y le instaron a entregarlo cuando fuera posible.

Estando en vigor este requerimiento judicial, podría parecer que el resultado de estos juicios (el celebrado en Teruel, y los que se celebrarán el lunes en Huesca y el día 8 de junio en Zaragoza) no cambiará mucho la situación, ya que lo que se pide es material. Sin embargo, según el letrado de Fasamet, no todo el material que solicitaban en el escrito está llegando, y además la medida cautelar pierde vigencia cuando haya sentencia firme.

Independientemente de esto, un fallo contra la DGA supondría un precedente legal de responsabilidad por la falta de protección en la pandemia. Aunque la sentencia podría ser recurrida ante instancias superiores por parte del Ejecutivo