a reunión entre los cuatro grupos de la izquierda a instancias de Podemos y CHA para intentar llegar a un pacto sobre el impuesto de Sucesiones alternativo al firmado por el PSOE con Ciudadanos, PP y PAR se ha saldado sin acuerdo, con lo que el próximo jueves, 28 de junio, se debatirá en las Cortes la toma en consideración de la propuesta de modificación inicial, la que han rubricado los socialistas con los partidos del centroderecha.

El pasado viernes se conoció que el PSOE había incorporado al pacto inicial, firmado con Ciudadanos hace varias semanas, al PP y al PAR, y en ese momento Podemos y CHA anunciaron la presentación de una propuesta alternativa que hoy han dado a conocer al Grupo Socialista, al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno y a la diputada de IU, Patricia Luquin.

Pero el PSOE ha rehusado desdecirse de ese pacto con el centroderecha, que el portavoz del grupo, Javier Sada, ha calificado de "puntual" y que responde al compromiso del presidente aragonés, Javier Lambán, de conseguir la armonización en Sucesiones con el resto de comunidades.

En el momento en el que varias comunidades decidieron bajar sensiblemente el impuesto o casi eliminarlo, el Gobierno de Aragón tomó la decisión de reformarlo para que Aragón dejara de estar a la cabeza en este tributo, con la intención de situar el mínimo exento en la media española, que Sada ha recordado que es de en torno a los 500.000 euros pactados y que "todo el mundo" lo sabía.

Para lograr esa "justicia territorial", el PSOE ha tenido que buscar "aliados parlamentarios" en fuerzas que no son "sus socios preferentes", porque "lo fundamental" no es "con quién" se pactaba, sino "el qué".

Desde Podemos, la portavoz, Maru Díaz, ha confesado que está "profundamente preocupada" por la decisión de Lambán, que "confirma la sospecha" de que el presidente "no se entera" del cambio político producido a nivel nacional y que en Aragón "juega a otra guerra y no a la política con mayúsculas".

Ha lamentado que Lambán haya preferido romper un acuerdo de 2015 -el que firmó con las fuerzas de la izquierda referido a las medidas fiscales y con el que se incrementó el impuesto de Sucesiones para aumentar los ingresos públicos- que un preacuerdo "recién nacido" rubricado con "la derecha", que sirve para dar "un cheque regalo a apenas 300 familias aragonesas".

Ese acuerdo de 2015 ha servido a la izquierda, ha recordado Díaz, para aprobar tres presupuestos autonómicos.

La propuesta alternativa que Podemos y CHA han planteado al PSOE incluía la búsqueda de la armonización pero desde la justicia y la progresividad y, por tanto, proponía situar el mínimo exento entre 200.000 y 300.000 euros, algo a lo que los socialistas, según el portavoz de CHA, Gregorio Briz, se han negado.

En caso contrario, se proponía la adopción de indicadores o multiplicadores para incrementar la aportación de quienes más pagan, con el fin de no perder ingresos, ha dicho Briz.

Para Maru Díaz, con el objetivo de mantener la progresividad, si se disminuía la tributación por abajo, había que aumentarla por arriba.

Briz, miembro de CHA, socio de Gobierno del PSOE, ha estimado que se trata de un "hecho puntual" que, aunque "grave", no tiene por qué enturbiar las relaciones en el Ejecutivo.

Espera que las cosas "se queden ahí" y no haya más repercusiones, mientras que Díaz ha considerado que el pacto con el centroderecha marca un "feo precedente" de cara a las relaciones de Podemos con el PSOE.

Las ejecutivas de ambos partidos analizarán qué hacer ahora y qué implica este pacto, pero Díaz ha advertido de que será "difícil" llegar a acuerdos sobre el gasto cuando no se han pactado previamente los ingresos.

Luquin, por su parte, se ha reafirmado en la posición de IU de no tocar el impuesto, y ha confirmado la presentación de una enmienda de devolución a una propuesta, ha dicho, que "rompe la progresividad fiscal".

A su juicio, en un contexto de cambio en el Gobierno de España, lo que habría que hacer es parar la reforma en Aragón y esperar a que se produzca un cambio en el impuesto a nivel estatal, puesto que el Estado es quien es competente, y que se estableciera una horquilla de exenciones para las comunidades.

El PSOE, ha lamentado, ha girado a la derecha para llevar a cabo una modificación que "tensiona" las relaciones con Izquierda Unida.