Aunque habitualmente el Gobierno cuatripartirto formado por PSOE, Podemos, CHA y PAR camina al mismo compás, hay asuntos que hacen que se le vean las costuras. El futuro de Motorland es uno de ellos. Y la situación que atraviesa, con una necesaria ampliación de capital de 8 millones de euros, revela que cada socio del Gobierno entiende el devenir del proyecto de una forma diferente. Mientras fuentes del Departamento de Industria reconocieron ayer que la operación de ampliación de capital está garantizada por el Gobierno de Aragón, los socios de Podemos y CHA alegan que la situación muestra que el proyecto es «insostenible». El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, señaló que «todo el mundo tiene que arrimar el hombro» para que Motorland «siga siendo el motor que es».

Desde Industria incidieron en que las cuentas se explicarán en el próximo Consejo de Administración, que está previsto que se celebre «en las próximas semanas», en una fecha por concretar entre febrero y marzo. Niegan que los 8 millones de la ampliación de capital se vayan a financiar a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel, un uso de estos fondos para el que la Cámara de Cuentas ya había emitido sus reparos y que, pese a ello, quedó reflejado en la memoria de presupuestos. Según estas mismas fuentes, «esa previsión se hizo en octubre, pero luego no se materializó y no será así».

A falta de concretar cómo se financiará la ampliación de capital, casi se confirma que la DGA deberá asumirla en solitario. El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel Rando, dejó ayer claro que «seguramente» la institución tomará el mismo camino que el Ayuntamiento de Alcañiz y declinará entrar en esta nueva ampliación, que será la décimo octava en los once años de existencia del circuito. Su motivo es el mismo que el del alcalde alcañizano, Ignacio Urquizu.

«El presupuesto es limitado y para mí ahora es prioritario atender a las personas que se han quedado en una situación de vulnerabilidad por la pandemia», dijo Rando. Además, indicó que hay una «excelente coordinación» entre administraciones, y que les consta que el Gobierno de Aragón «ya cubriría esa parte». De no ser así, subrayó, la DPT entraría «sin dudarlo». «Motorland no está en riesgo; es un proyecto estratégico para la provincia. Quien no lo entienda, que venga y lo verá», concluyó. También desde Industria incidieron en que el futuro del complejo automovilístico «no está comprometido» ya que «para Aragón, Motorland sigue siendo fundamental».

Sin embargo, el secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, José Manuel Salvador, señaló que «Motorland necesita un nuevo modelo de gestión que priorice la innovación tecnológica para que sea una infraestructura más sostenible económicamente». Y aseguró que «el Gobierno de Aragón no debería asumir la deuda contraída en su totalidad y se deben buscar apoyos en otras administraciones y en el sector privado». Reclama impulsar el complejo a través de la innovación «y no con modelos que generan, año tras año, una deuda que es desorbitada e incomprensible».

Visión que comparten en Podemos, donde fuentes de la formación manifestaron que «esta situación demuestra años tras año que tal y como está planteado, estamos ante un proyecto insostenible». Apuestan por «buscar la viabilidad alejada de un circuito». El portavoz del PSOE en las Cortes, Vicente Guillén, afirmó «no conocer» la ampliación de capital y remitió al Consejo de Administración, como órgano donde debe tomarse la decisión.

Desde la oposición, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, manifestó que «hay que dejar de enterrar millones en proyectos inviables desde cualquier óptica». Y el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, convino que en este contexto económico «habrá que hacer una reflexión y ver hasta qué punto se justifica renovar un gasto tan cuantioso». En Vox reclaman elaborar un «proyecto viabilidad económica» para conocer la situación.

Mientras, Juan Carlos Gracia, portavoz del PP en Industria y exalcalde de Alcañiz, urgió al Gobierno de Aragón a «asumir esas inversiones» y adquirir paulatinamente el 100% del accionariado. «No tiene que haber ninguna duda para financiarlo desde el presupuesto, como empresa pública que es». «Ojalá hubiera muchos proyectos que invirtiendo 8 millones generen 25 en el territorio. El Bajo Aragón no se puede permitir una pérdida más después del cierre de Andorra», insistió el popular.