Continúan los acuerdos de los acusados por el millonario saqueo en las obras de urbanización de Plaza con la Fiscalía Anticorrupción. Después de los pactos de varios empresarios y del jefe de obras de la UTE Acciona-MLN, adelantados por EL PERIÓDICO, acaba de confesar otro constructor, Francisco Hernández, poniendo así en apuros la defensa del principal encausado, el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril (que afronta 23 años de prisión).

Gracias a la admisión de hechos, el ministerio público decidió rebajarle la pena de prisión a un año y diez meses como autor de un delito continuado de cohecho y otro de falsedad de documento mercanntil. Asimismo, acepta el comiso de 189.650,60 euros.

Este empresario, defendido por el abogado Enrique Ascaso, admitió que le hizo tres obras a García Becerril (la reforma de su apartamento de Salou, otras en dos fincas de la ahora exmujer del exgerente en San Mateo de Gállego y en una casa en Torres de San Lamberto) y que el pago de dichas reformas lo asumió la empresa pública Plaza. «En el 2005 se presentó Miguel Ángel Cantero, propietario de Micar SL, amigo de García Becerril y que se presentó como una persona que controlaba las obras de Plaza», señala en su escrito de confirmad en el que relata que le dijo que si «quería hacer unas obras de reforma de una casa en Salou, que debía girar las facturas contra la UTE Plaza con conceptos ficticios». Añade que de todo ello eran conocedores los directivos de Acciona en Aragón, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón.