El Gobierno aragonés prepara el borrador de la primera Ley autonómica de Vivienda, que, con carácter general, tiene previsto presentar durante el primer trimestre del 2005. Esta normativa específica regulará todo el sector de la edificación en la comunidad, protegiendo de manera especial a compradores y arrendatarios de viviendas y locales en su relación contractual con arrendadores, promotores, constructores y vendedores.
El director general de Vivienda, Julio Tejedor, confirmó ayer los trabajos que actualmente se están realizando en su departamento, encaminados a "regular el mercado de la vivienda como producto para el consumidor y ofrecer mecanismos de garantía y procedimientos ágiles para las reclamaciones".
El último estudio publicado el mes pasado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España --del que este diario se hizo eco el lunes--, alertaba de la mala información que las promociones inmobiliarias de Zaragoza ofrecen a los interesados en la compra sobre plano o durante la construcción.
En concreto, reveló la negativa de la mayoría de los promotores a entregar el contrato de compraventa antes de haber recibido dinero; facilitar datos registrales del solar; información por escrito sobre el aval que garantiza las cantidades entregadas a cuenta, o la entrega de un documento de reserva.
En la actualidad, las normas nacionales que rigen la compra o el alquiler de una vivienda o local básicamente se centran en la Ley 57/1968, aún en vigor con pequeñas modificaciones, referida a la garantía de cantidades entregadas a cuenta; el Real Decreto 515/1989 sobre la oferta, promoción y publicidad para la venta o arrendamiento, y la Ley de Ordenación de la Edificación (1999), que fija, entre otros, un año de garantía para defectos de acabado y diez años para problemas estructurales.
Pero sólo la comunidad gallega ha desarrollado por el momento una norma autonómica dedicada a la comercialización de las viviendas, que se promulgó en febrero del 2004, y que protege los derechos de los compradores, arrendatarios hasta con sanciones por infracción.
Ahora, Aragón también quiere actualizar la normativa nacional, fijando de manera más precisa las obligaciones de los promotores. Tal y como dicta la Constitución en varios artículos, los poderes públicos deben velar por que las viviendas sean dignas, y a ellos les corresponde garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, asegurándoles tanto las calidades como una información precisa antes de la suscripción de los contratos.
