Que la existencia de un Estado centrípeto sea la mejor garantía para que las regiones o nacionalidades o comunidades de España reciban un trato equitativo y ejerzan entre sí la noble virtud de la solidaridad es más que dudoso. Desde luego, no es ésa la experiencia que tenemos en varios siglos de historia. Aquí, sobre la noble piel de toro, los intereses territoriales siempre han presionado sobre la política y a menudo la centralización no ha sido sinónimo de equilibrio, sino al contrario.
La Expo de Sevilla y el AVE a dicha ciudad se hicieron sobre todo porque quienes mandaban en España eran sevillanos. El AVE Madrid-Barcelona se negoció directamente con Pujol, cuyo apoyo necesitaba entonces Aznar para instalarse en La Moncloa, y los catalanes impusieron un recorrido por todas sus capitales de provincia y algunas ciudades más. Y así se hizo, aunque luego el PP, provisto ya de mayoría absoluta, remolonee en la ejecución de la obra. Los ministros gallegos tiran para Galicia; los murcianos, para Murcia. Normal. Cuando llegan al Gobierno central, los partidos cuidan sus viveros de votos. Y Aragón, como nunca ha tenido ministros ni se ha acreditado como criadero de papeletas (electorales), ha tenido el dudoso privilegio de acumular un magnífico déficit en inversiones públicas. Todo por la Patria. Esta región, que lleva decenios perdiendo población y peso en el PIB nacional, puede presumir de ser contribuyente neto. Da más de lo que recibe y aún le quedan aguantaderas para albergar el mayor campo de maniobras de que dispone el Ejército español y de parte del extranjero.
Equilibrio, solidaridad, cohesión. El Gobierno Aznar garantiza tales objetivos ofreciendo a sus votantes valencianos y murcianos, el agua que fluye por Aragón y desemboca en Cataluña. Naturalmente a la ministra de Medio Ambiente y actual adalid del trasvase la han propuesto para encabezar la candidatura del PP por Murcia. Por el interés te quiero, Andrés.
