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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Javier Escartín Sesé: "Aragón necesita reforzar la acción social, no desmantelarla"

Nuevo presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón

 

Javier Escartín, en la sede del Colegio de Trabajadores Sociales, en Zaragoza. - Foto: CHUS MARCHADOR

J. OTO
27/07/2014

Javier Escartín Sesé (Huesca, 1969) es jefe de sección de Participación Ciudadana en el Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón. Lleva 24 años como trabajador social y ha estado vinculado a Cáritas, SOS Racismo o Salud Mental.

--¿Con qué objetivos accede al cargo?

--Esta nueva junta que presido tiene cuatro grandes objetivos: dar mayor visibilidad a la ingente labor de los más de 2.000 trabajadores sociales que ejercen en Aragón; velar, proponer y colaborar con las administraciones públicas, la sociedad civil y la ciudadanía en materia de protección y derechos sociales; ser proactivos en la lucha contra la desigualdad, la pobreza y exclusión social que sufre la ciudadanía; y promover espacios profesionales de calidad en ámbitos como la mediación y el peritaje judicial, el empleo y formación de los profesionales, la investigación e innovación, el trabajo social sanitario, las emergencias sociales o la atención a víctimas de violencia de género.

--Estamos en un momento especialmente delicado en cuanto a los Servicios Sociales. ¿Qué es lo más preocupante y lo que requiere de actuaciones más urgentes?

--Desde hace varios años se está girando --desde el poder Ejecutivo y Legislativo-- hacia un modelo de desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales que con tanto esfuerzo se construyó en las últimas décadas. Las tres cuestiones más preocupantes actualmente son la nueva Ley de reforma de la Administración Local, que aboca a la casi desaparición de los Servicios Sociales municipales y de proximidad que hoy conocemos. Los más perjudicados van a ser los habitantes del mundo rural. En segundo término, nos preocupa el recorte en servicios y prestaciones sociales en un contexto de crisis tan grave, cuando la respuesta tendría que ser la contraria. Y la tercera gran preocupación, más todavía en una comunidad tan envejecida, es la flojera y grave deterioro de la protección en materia de dependencia y autonomía personal.

--¿Se sienten valorados por la Administración?

--En términos generales, nuestras aportaciones técnicas siempre han sido escuchadas, pero en función de las distintas prioridades, sensibilidades y apuestas se tienen más o menos en cuenta. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas, en el papel de nuestra profesión dentro de las administraciones, pero queda mucho por recorrer. Falta todavía una escucha mucho más activa por parte de los políticos.

--¿Por qué han decidido llevar al juzgado de nuevo la convocatoria de becas?

--La orden es, a nuestro parecer técnico-colegial, excluyente e incomprensible. Ante el aumento de la desigualdad y de la pobreza familiar e infantil en España y en Aragón, tendrían que ampliarse con criterios adecuados las medidas de protección social y educativa a las familias y los menores. Pero no solo no se amplían, sino que se limita, reduce y obstaculiza el acceso y contenido de estas becas. En una acción conjunta con Fapar y la Plataforma por la Escuela pública dimos el paso de plantear un recurso contencioso administrativo ante los tribunales.

--¿Qué cambios exigen en este sistema de ayudas?

--Exigimos cambios tanto en los requisitos de acceso a las mismas, como en el sistema y forma de solicitud. Pedimos un modelo de becas flexible que permita el acceso en función de las contingencias familiares, y que contemple un baremo económico más justo, que permita hacerlas más extensibles y protectoras, (al tener en cuenta el IPREM por unidad familiar y no por miembro de la misma, han quedados muchas familias fuera del derecho de acceso). Además, no tiene en cuenta la complejidad y diversidad de las familias actuales, especialmente de las monomaternales. Y de otro lado, buena parte de las familias tiene dificultad al estar obligadas a solicitar y tramitarlas por internet.

--¿La apertura de comedores en verano fue una buena idea?

--Esta iniciativa se ha diseñado y puesto en marcha con buena fe, pero de manera acelerada, inconexa y de manera algo simplista. Para nuestro colectivo hubiese sido más adecuado articular y potenciar los recursos ya existentes, y dotar a las familias ya identificadas por el IASS o los Servicios Sociales de un cheque - refuerzo para alimentación como se ha hecho en el medio rural aragonés.

--¿Les ha consultado la DGA los posibles cambios a adoptar en el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)?

--Esta reforma nos parece excluyente, y planteada desde una lógica de recortes más que de servicio al ciudadano. Junto a otros colectivos hemos liderado un manifiesto y una campaña de denuncia pública que pone rostro a quienes van a sufrir esta grave reforma. Aragón necesita reforzar la acción social, no desmantelarla.

--Aragón es la comunidad que más ha caído en la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Cómo ve el futuro en este apartado?

--Siempre reconociendo el trabajo de quienes están inmersos en este tema, hay que decir que la erosión progresiva que se ha dado en la atención a la dependencia estos últimos años es grave, tanto en España como en Aragón. Las listas de espera, las valoraciones pendientes o paralizadas, las medidas de copago, las personas que fallecen sin acceso a la prestación, hacen que veamos el futuro muy negro a corto y medio plazo en esta materia.