La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Venezuela (Asopejuven) en Aragón ha denunciado hoy la situación de "precariedad" de unos 130 residentes en la Comunidad ante el impago por parte del Gobierno del país sudamericano de sus prestaciones y han pedido ayudas hasta que lleguen esos pagos.
En su intervención ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes, el portavoz de este colectivo, Alain Bernardo Vincent, ha explicado que esta cuestión deriva del incumplimiento "unilateral" del convenio entre España y Venezuela por el que venían cobrando sus pensiones.
"Se trata mayoritariamente de ciudadanos españoles que trabajaron allí y retornaron contando con el acuerdo y pasar una vejez digna. Ahora tienen angustia, desesperación, depresión y situación de desamparo teniendo que vivir de la caridad", ha relatado, y ha reclamado "medidas con carácter urgente para asegurar unas ayudas económicas dignas extraordinarias a estas personas en calidad de préstamo".
El portavoz del PP en esta Comisión, Fernando Galve, ha asegurado durante su turno de palabra que "es un tema de justicia social" y que "hay que ponerse todos manos a la obra" para paliar esta situación.
El socialista Herminio Sancho ha reivindicado su creencia en el derecho a una pensión digna de todos aquellos que han trabajado "por un país y su desarrollo" y ha trasladado el apoyo del PSOE a su causa.
Desde Podemos, Alfonso Clavería se ha unido a la petición y ha recordado que la propia formación morada ha denunciado los incumplimientos de Venezuela a este respecto en diferentes parlamentos, ya que "los jubilados no tienen por qué pagar la situación del bolívar y por encima de ello están los derechos de las personas".
La diputada del PAR Lucía Guillén ha recordado la iniciativa de su formación presentada en la Cámara sobre este asunto y, en este sentido, ha expresado que "hay que exigir el cumplimiento del convenio y que se abonen las deudas de manera urgente".
Por parte de Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha situado el problema en el contexto de la "pseudo-democracia insostenible" de Venezuela, sostenida por un "cacique local".
Desde el Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) se ha comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance, aunque "donde se ha generado el derecho tiene que ser el Gobierno que lo garantice".
