El juez del caso pagarés rastrea la actividad que desarrolló Codesport, la constructora de Agapito Iglesias, accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD, entre los años 2005 y 2012. Esos años son el previo a la adquisición del paquete accionarial que poseía Alfonso Soláns en la compañía deportiva y el ejercicio en el que esta se declaró insolvente y solicitó el concurso de acreedores. También coinciden, hasta el 2009, con los de mayor actividad de la constructora en la plataforma logística Plaza.
El magistrado Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, ha ordenado unir a la causa las declaraciones del Impuesto de Sociedades efectuadas en ese periodo por la empresa de Iglesias, así como la información relativa a esa sociedad que ha remitido la Tesorería General de la Seguridad Social.
CHEQUEO
El chequeo de esa documentación permitirá determinar las cantidades facturadas e ingresadas por Codesport en esos años, que comienzan en el de la adjudicación inicial de las obras de construcción de Autocity por 14 millones --el 2005--, su modificación en el 2006, su finalización por más de 32 en el 2008 y el vencimiento, en el 2009 y el 2010, de los pagarés por 8,7 millones de euros que el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exconsejero delegado, Carlos Escó, firmaron a su favor aunque carecían de certificaciones de la dirección técnica de Plaza. La empresa pública había encargado a Escaleno, filial de Codesport, esa labor de supervisión.
El instructor cifra en más de 14 millones el presunto desfalco que atribuye a Escó y García Becerril --encartados por administración desleal y malversación--, y del que señala como supuesto cooperador necesario a Iglesias, al que también imputa un delito de estafa. Considera, basándose en un informe pericial aportado por Plaza, que el incremento de obra sobre el precio inicial fue solo de 3,5 millones.
El magistrado, por otro lado, ha dado cinco días al Registro Mercantil Central para que le entregue los estatutos de Codesport, sus cuentas anuales oficiales de los ejercicios del 2005 al 2013 y su Patrimonio Societario. Este último documento recoge los flujos de efectivo registrados por la empresa en cada ejercicio, lo que permitirá iniciar el rastreo del destino de los pagarés.
El instructor de la causa, en la que también está imputado el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, ha ordenado también unir a las actuaciones las declaraciones del IRPF de los otros tres encartados correspondientes a los ejercicios del 2005 al 2012.
Por otro lado, el juez Picazo ha requerido a la Agencia Tributaria para que designe a un perito para que efectúe una prueba pericial de carácter económico-contable en la que analice "los flujos económicos y patrimoniales" de Agapito Iglesias, Carlos Escó y Ricardo García Becerril en el periodo transcurrido entre el 2005 y el 2012.
PERICIAL
Ese análisis, para cuyo desarrollo lo normal es que el fisco designe a un inspector de Hacienda, explicaron fuentes jurídicas, incluirá el estudio de sus cuentas bancarias, sus declaraciones tributarias "o cualquier otra documentación". La prueba fue solicitada por la abogada de UPD, Irene Romea, que ejerce la acción popular en la causa.
La entrega de estos estudios, cuya elaboración se prolongará durante varios meses, supondrá el cierre de la parte de la instrucción del caso pagarés impulsada por el juez y por las acusaciones. Siempre a expensas de las diligencias que puedan solicitar las defensas o los informes que presenten, caso de la valoración de las naves que anunció Iglesias.
