La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, María José Gil, decretó ayer el secreto de sumario del caso paraísos en el que investiga la supuesta comisión de delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por parte del exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias.
Establece que las diligencias no serán públicas durante un mes, exceptuando para el Ministerio Fiscal que sí estará al corriente de las diferentes pruebas indagatorias.
En el auto, la jueza justifica esta medida en que "las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes pues se podría perjudicar la investigación en curso".
Asimismo, admite como acusación al Ejecutivo autonómico, que así lo decidió durante la reunión del Consejo de Gobierno, y al abogado de Escó, Juan Carlos Monclús, para que pueda ejercer su acción como defensa.
Por otro lado, la titular de este juzgado zaragozano le señala a la abogada de la acusación popular, Irene Romea, en nombre de UPD, que está estudiando su petición de tomar declaración en calidad de imputados de la esposa de Escó y diputada socialista, Eva Almunia, y de los hijos, exmujer y cuñado de Agapito.
INSTRUCCIÓN
Esta causa trata de averiguar si los viajes de Escó y Agapito a Panamá, Colombia, Guatemala, Reino Unido o Ecuador fueron, supuestamente, para blanquear dinero ilícito procedente del caso pagarés, en el que se investigan unos sobrecostes millonarios en la construcción de 119 naves en Plaza.
La Brigada de Blanqueo resalta que el empresario soriano llevó a cabo donaciones, venta de acciones y transmisiones de bienes a sus familiares que conformaban un "elevado patrimonio" de 1.227.353 euros. También destacan la separación de bienes entre Escó y Almunia.
