Hora y media larga de juicio sirvió ayer para llegar a la conclusión de que Alberto V. P., dueño de la ya cerrada fábrica de calzado Manufacturas Hergás de Illueca, falsificó firmas de facturas con las que generó un agujero de 844.000 euros --calcula él-- a la financiera Lico Leasing.

Lo llamativo del caso, además de la cantidad, es que el empresario reconoció la estafa hace tiempo, incluso ante notario. Por ello, como repetía insistentemente ayer el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza parecía difícil que la vista se alargara. Pero lo hizo.

Según expuso el propio acusado, urdió la trama "por necesidad, y porque pensaba que podría hacerles frente (a las deudas) con la empresa", que había heredado de su padre. Había suscrito un contrato de factoring con Lico Leasing, por la que esta le adelantaba el importe de las facturas que este cobraba de su proveedora de material, Fluchos. La prestamista cobraba de esta última --en teoría-- cuando el empresario le proveía de zapatos manufacturados, y se quedaba un 10% de comisión.

El problema llegó cuando, en el 2012, Fluchos se negó a pagar unas facturas porque no había comprado el producto, y se descubrió el pastel. El empresario admitió que había estado falsificando las facturas, incluidas las de Fluchos, para ganar tiempo.

Pero el zapatero, salvo que se demuestre lo contrario --y en dos años de instrucción no se ha podido--, había invertido todo en la empresa, quebrada, y no tiene forma de resarcir a la financiera. Y la aseguradora de capital no cubre pérdidas si son por delitos.

Este es el quid de la cuestión. Lico Leasing denunció en su día tanto al zapatero como a la empresa Fluchos, ya que entendía que estaban compinchados. La instrucción descartó la responsabilidad de la empresa, pero el abogado de la financiera pidió incluso ayer, sin éxito, reabrir la causa. Sus intervenciones se centraron en la connivencia. Pero la Justicia ha descartado la responsabilidad de quien tendría con qué pagar.

Solo quedará determinar si Alberto V. P. tiene que pasar dos años en prisión, como pide la Fiscalía y la acusación particular de Fluchos, o tres, como pide la financiera. Peticiones de pena rebajada por su confesión, porque no obtuvo lucro personal y porque aportó 6.000 euros, donados por amigos, según aseguró. O bien si, como pidió su abogado, el empresario debe ser absuelto para evitar ir a prisión.