El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento de Bielsa que recaude el impuesto sobre contaminación de las aguas correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011 y a entregar el importe al Instituto Aragonés del Agua (IAA), pese a que considera que podría estar justificado que el municipio se beneficiara de la exención del tributo durante esos ejercicios debido a que ni siquiera se han iniciado las obras de la depuradora prevista en esa parte del Sobrarbe.
De esta manera ha respondido el Defensor del Pueblo aragonés a la queja interpuesta por el ayuntamiento de la localidad pirenaica, que alegaba que la licitación de las obras de las depuradoras de la zona adolecía de graves defectos formales. Además, el Justicia argumenta en contra del cobro del canon a los vecinos en el hecho de que "ha transcurrido sobradamente el plazo previsto para la puesta en funcionamiento" de la depuradora.
El de Bielsa no es un caso aislado en el Pirineo. Numerosos ayuntamientos deben recaudar el impuesto de saneamiento del agua pese a que esta se vierte directamente al río sin haber sido depurada previamente. Para soslayar este problema, la Administración autonómica modificó recientemente la denominación del gravamen, que de tasa pasó a ser impuesto y a aplicarse por no sanear el agua, en lugar de hacer referencia al coste del proceso de depuración.
En este sentido, Fernando García Vicente recuerda que el cobro es obligatorio en aplicación de la Ley de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua de Aragón. Pero establece al mismo tiempo que el ayuntamiento debe recaudarlo conforme a los padrones aprobados por un decreto de alcaldía, para entregarlo al Instituto Aragonés del Agua.
