El responsable de una empresa de transportes, la jefa de administración y una empleada se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza por el supuesto amaño de pruebas en un caso anterior, iniciado por el accidente laboral de un caminero.
Una causa que fue sobreseída sin que el juez tomase en cuenta los documentos presuntamente falsificados, por los que ahora se enfrentan a penas de entre siete y nueve meses de prisión, según la Fiscalía. Atribuye delitos de falsedad documental y tentativa de estafa procesal al propietario --Luis Mariano M. P.-- y de falsedad en documento privado a las administrativas, Laura L. H. e Isabel C. R..
El transportista sufrió un accidente laboral en septiembre del 2011, e inició una causa penal contra la empresa, que fue sobreseída. Pero en la tramitación, la compañía aportó una comunicación sobre riesgos laborales, y dos documentos internos según los cuales el trabajador se había negado a firmar la recogida de material de protección --guantes y calzado-- y de directrices sobre seguridad.
La firma que aparecía en la comunicación, según los peritos, no era del trabajador. El ahora acusado, Luis Mariano M. P., aseguró que él no es el autor de la rúbrica, y que los documentos los aportó la empresa de riesgos laborales. Pero para el ministerio público él habría sido "el beneficiado" del intento de engaño. Las administrativas también aseguraron que el camionero se negó a firmar la recogida del material, aunque el denunciante nunca vio los papeles, afirmó.
