El legado recibido por el Ayuntamiento de Calatayud como heredero universal de Pepito el Soguero tuvo amplia resonancia pública en la localidad por la cuantía de la fortuna que engrosaba las arcas bilbilitanas y que en aquel momento ascendía a cerca de 400 millones de pesetas. El consistorio desconocía las disposiciones del empresario hasta que fue informado por su abogado, José Angel Roy. Sin embargo, el estudio de la documentación bancaria de la víctima llamó la atención de los contables por la elevada cuantía de los gastos realizados en los últimos meses. Aunque hubo intentos de alcanzar un acuerdo entre las partes antes de llegar a los tribunales, las negociaciones resultaron infructuosas.
