Los letrados de la parte aragonesa, Joaquín Guerrero y Alberto Gimeno, que representan al Obispado de Barbastro-Monzón y a la DGA, señalaron ayer que pedirán «la inmediata ejecución provisional de la sentencia» tan pronto como la parte demandada interponga recurso de apelación ante la Audiencia de Huesca, para lo que dispone de un plazo de 20 días hábiles.

En la mente de los abogados aragoneses está el fallo sobre los bienes de Sijena devueltos en el 2017, pero no a raíz del fallo emitido en primera instancia, sino tras la ratificación del mismo, en fechas posteriores, por la Audiencia de Huesca. «Hemos sentido una gran alegría», subrayó Guerrero, que recordó que el litigio empezó «hace ya 15 años».

Con todo, va a ser una batalla larga, advirtió el letrado, pues, una vez en la Audiencia de Huesca, el recurso de la parte demandada puede tardar en resolverse varios años, por su falta de medios humanos y materiales. Se repetiría así lo que está sucediendo con los recursos presentados hace varios años por el pleito sobre las pinturas murales de Sijena, que están retenidas en el Museo Nacional de Arte Nacional de Cataluña (MNAC), en Barcelona.

Por su parte, Alberto Gimeno, señaló que, muy posiblemente, la Generalitat catalana apelará a supuestos problemas de orden administrativo para demorar la entrega de las 83 piezas sobre las que mantiene que son propiedad del Museo de Lérida. «Van a esgrimir conceptos como la unidad de colección y la supuesta preeminencia de la legislación catalana», adelantó el letrado.

El abogado Jorge F. Español, que representa al municipio de Villanueva de Sijena, también mostró su «satisfacción» por el fallo del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Barbastro. «Lo bueno de esta sentencia es que, a diferencia de lo que ocurre con las dictadas en la vía eclesiástica, se puede ejecutar, es decir, aplicar de forma inmediata, una vez presentados los recursos de apelación», dijo

Por otro lado, el Gobierno de la Generalitat anunció ayer, nada más tener conocimiento de la sentencia, que la recurrirá en apelación. Un miembro del Ejecutivo de Quim Torra manifestó su disconformidad con el fallo y con el hecho de que el juez de Barbastro haya hecho «caso omiso» de los argumentos esgrimidos por los letrados del Museo de Lérida y del obispado. Estos presentaron en la vista oral documentos supuestamente justificativos de la propiedad por parte de la diócesis leridana a los que el magistrado no ha concedido ningún valor probatorio.