Más de trescientos personas se han concentrado hoy, convocados por CCOO y UGT, ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir el mantenimiento del derecho de huelga que ha funcionado en los últimos 35 años y la modificación de los artículos del Código Penal que lo "criminalizan".
La movilización, que se enmarca en la campaña "No nos van a callar" y que se desarrolla hoy a nivel nacional, ha contado con la participación de los secretarios generales aragoneses de CCOO, Julián Buey, y de UGT, Daniel Alastuey.
"La huelga no es un delito" ha sido el lema elegido para la pancarta y que han reproducido los concentrados en forma de grito, junto a "Detenidos libertad", "No nos callaron, no nos callarán", "Libertad de expresión", "A la cárcel los corruptos" o "Sin derechos no hay futuro".
El secretario general de UGT, Daniel Alastuey, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que en España hay más de 250 sindicalistas involucrados en más de 80 procedimientos judiciales que derivan, fundamentalmente, de actuaciones relacionadas con los piquetes y la información de las huelgas generales de 2010 y 2012, y para los que se están pidiendo multas de hasta 60.000 euros o penas de hasta 8 años de cárcel.
Por ello, la concentración de hoy quiere "denunciar" la actuación del Gobierno contra el derecho de huelga, así como su política "deliberada" de atacarlo "criminalizando a los sindicalistas y atemorizándoles para que la protesta no se lleve a la calle", ha dicho.
Alastuey, que ha calificado de "antidemocrática e inadmisible" esta postura, ha reclamado que las actuaciones policiales y judiciales no sean "agresivas" con el derecho de huelga y ha exigido al Gobierno que modifique los artículos del Código Penal que criminalizan el derecho de huelga.
En este sentido, ha explicado que se está aplicando un artículo del Código Penal que está dentro del artículo de atentado contra los derechos de los trabajadores y que "equipara prácticamente" las actuaciones contra el derecho a huelga con las de su propagación, algo que, a juicio de los sindicatos, debería separarse.
"Exigimos que se restablezca en este país algo que ha funcionado durante 35 años de manera pacífica y que ha permitido que los trabajadores y ciudadanos pudieran expresar su protesta", ha insistido Alastuey.
Además de las concentraciones convocadas hoy en las capitales de provincia, se están entregando manifiestos reclamando este derecho en las Delegaciones de Gobierno y se han mantenido reuniones entre los secretarios generales confederales y ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con el fin de hacerle llegar que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución y es un derecho "a defender y no a demoler", ha concluido.
En este mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de CCOO Aragón, Julián Buey, quien ha apuntado que la huelga es un ejercicio fundamental y democrático recogido en la Constitución, en la Carta Social Europea y en numerosa legislación internacional y que, después de 35 años sin que haya habido problemas, en España existe una "auténtica ola" de procedimientos judiciales abiertos contra sindicalistas.
A su juicio, esta actuación "desproporcionada" del Gobierno atenta "contra la libertad en mayúsculas" y entra "dentro de la lógica del desmantelamiento del estado de bienestar y de la transferencia de recursos hacia los bolsillos de los más poderosos".
Para ello, el gobierno quiere arremeter contra lo que considera que es un auténtico obstáculo "que son los sindicatos".
Primero se limitó el derecho a la negociación colectiva, después se produjo una campaña de desprestigio "brutal" de los sindicatos y ahora quieren meter a los sindicalistas en la cárcel, ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que estas organizaciones "no lo van a admitir".
