Medio Ambiente derogará el trasvase en junio

Ese Real Decreto-Ley incluirá las alternativas que se van a poner en marcha para resolver los problemas hídricos de las comunidades de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, que consisten en la realización de unas cien actuaciones urgentes, entre ellas la construcción de unas 20 plantas de desalación y tratamiento de aguas, para aportar a esas cuatro comunidades 1.058 hectómetros cúbicos anuales. El Ministerio de Medio Ambiente valoró ayer en un comunicado el apoyo dado el martes por la mayoría del Congreso de los Diputados, con la excepción del PP, a la decisión de suspender el trasvase del Ebro, al rechazar una la moción presentada por el Grupo Popular. Para el Ministerio, el resultado de la votación supone un respaldo al desarrollo de programas alternativos para Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer que la opción de la desalación será la mitad de costosa de lo que iba a ser el trasvase del Ebro, que, entre otras cuestiones, no garantizaba el suministro de agua para riegos en uno de cada cuatro años. Ante el pleno del Congreso y en respuesta a dos preguntas, una del PP y otra del PSOE, la titular de Medio Ambiente acusó al anterior gobierno del PP de ocultar "los auténticos costes reales" del trasvase del Ebro. Según Narbona, el trasvase significaba "jugarse todo a una sola carta" y daba una "bajísima garantía de disponibilidad de agua", ya que si se hubiera llevado a cabo se habrían trasvasado 620 hectómetros cúbicos y no los 1.050 prometidos, apuntó.

En respuesta a la diputada del Grupo Popular María Angels Ramón-Llin, explicó que la alternativa del Gobierno ofrece más agua, de mayor calidad y a un menor coste. Y recordó que el PP se ha quedado solo en la defensa del trasvase.