El Ayuntamiento de Huesca anunció el mes pasado una serie de medidas después de que el Gobierno de Aragón le instara a aplicar la ley de memoria democrática, pero se negó a retirar la placa de Franco que se sitúa en la planta baja del consistorio. Sobre esta, existe un informe técnico que recoge que la placa es «funcional» y justifica que está destinada a dejar constancia de la reforma de la casa consistorial. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), la Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y otras entidades así como ciudadanos particulares, han suscrito el recurso de reposición presentado en el consistorio para rechazar este argumento e insistir en que se incumple tanto la norma estatal del 2007 como la autonómica del 2018.

El recurso de reposición, paso previo a la presentación del contencioso administrativo, plantea «que se estime nulo o subsidiariamente anulable el acuerdo de pleno adoptado el 19 de octubre pasado, en cuanto al mantenimiento de la placa franquista en el patio del ayuntamiento y la colocación de otra auxiliar explicativa; la permanencia en el callejero de los nombres de los exalcaldes Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa Coarasa y Mariano Ponz Piedrafita, igualmente el de Federico Mayo, así como la exhibición de las placas que recuerdan la Obra de la Delegación Nacional de Sindicatos en muros y portales».

Asimismo, la agrupación de entidades y ciudadanos de Huesca insta al consistorio a anular el acuerdo de resignificación para la plaza de Navarra, los porches de Galicia y la calle Rioja. Los recurrentes solicitan que se denominen los distintos espacios urbanos de acuerdo con la tradición popular e histórica y la inapelable perspectiva democrática.

En sus explicaciones, los denunciantes recordaron que la futura plaza de la comunidad foral de Navarra es conocida en la ciudad desde mediados del siglo XIX como «plaza de Zaragoza».

Desde el colectivo ciudadano han señalado que van a hacer todo lo posible para conseguir sus propósitos y que está «dispuesto a acudir a todas las instancias necesarias para promover la retirada de símbolos y referencias a un régimen cuyo hecho fundacional y razón de ser arrancan en un golpe de Estado y la victoria militar que anuló y persiguió los derechos humanos y las libertades durante una sangrienta dictadura de casi cuarenta años», apuntaron.