Cerca de 3.000 personas con movilidad reducida en Aragón (un 4%) no salen de casa, mientras que, un 79% ha precisado de ayuda para conseguirlo. Esta es una de las principales conclusiones del estudio Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 73.300 aragoneses que tienen movilidad reducida.
De acuerdo con el informe, un 39% de este grupo social en Aragón pasa muchos días sin salir de sus domicilios debido a la falta de accesibilidad al inmueble en el que residen. De hecho, el 24% ha considerado que si su edificio estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que aumenta en el caso de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor.
«En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio», afirmó la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López Demarbre.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hizo hincapié en que «es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio».
De esta manera, el estudio ha desvelado que un 55% de los encuestados aragoneses tiene problemas de movilidad sin ser usuarios de silla de ruedas, bien porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo (muletas, bastón, andador…) o simplemente porque tienen una deambulación de forma inestable; y que el 46% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
«La importancia de este dato radica en que, si la persona propietaria es usuaria de silla de ruedas, la necesidad se detecta de una forma más clara. Sin embargo, nos encontramos con personas mayores o personas con discapacidad orgánica que no pueden bajar las escaleras, ante la negativa de las comunidades de vecinos/as que no detectan la necesidad inmediata», explicó Queiruga.
La normativa vigente ha atribuido a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad al edificio en el que residen. Es aquí cuando el estudio detectó que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad de estas personas.
«El estudio pone de manifiesto la complejidad que representa solicitar ayudas en edificios con un número elevado de vecinos, donde influye la negociación y la corresponsabilidad de un número importante de personas que no siempre están sensibilizadas con los problemas de movilidad reducida», afirma López Demarbre.
