Los diputados socialistas altoaragoneses en el Congreso de los Diputados, Begoña Nasarre y Alfredo Sancho, han aplaudido el consenso alcanzado esta semana en la Cámara Baja para impulsar una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que supone "una promoción de los derechos sociales" y las "libertades personales y profesionales".
"Regular la eutanasia no solo incorpora un nuevo derecho voluntario a los ciudadanos, también da seguridad jurídica a los profesionales que participan en ella y a los que, por conciencia, prefieren no hacerlo", ha sostenido Nasarre.
La diputada ha señalado que esta práctica es "voluntaria" y que, al igual que "nadie puede obligar a otra persona a continuar con una vida de sufrimiento insoportable", tampoco se puede "forzar a acabar con su vida a ningún ciudadano". "Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando, a juicio de la persona que sufre, erosiona su integridad física o moral", ha apostillado.
Por su parte, Sancho ha destacado que "frente a los que se opusieron al aborto, al matrimonio homosexual o al divorcio, y que siguen negándose a incorporar nuevos derechos a los ciudadanos", el PSOE "vuelve a defender los derechos sociales y las libertades personales y profesionales".
El diputado se ha felicitado de que la iniciativa haya contado con el respaldo de la mayoría del Congreso, y que incorpore "garantías éticas y de seguridad jurídica", para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea "autónoma, libre de presiones, informada, consciente y mantenida en el tiempo".
ASPECTOS DE LA REGULACIÓN
En este sentido, los diputados han apuntado a algunos aspectos fundamentales del planteamiento socialista para la regulación de la eutanasia, que pasan por la exigencia de que la solicitud esté causada por situaciones determinadas, como enfermedades crónicas, graves o invalidantes y sufrimiento físico o psíquico intolerable.
Además, el solicitante debe ser mayor de edad y estar en plenas capacidades para obrar, y tendrá que registrar la petición en dos ocasiones, con al menos 15 días de intervalo entre ambas, en presencia de un testigo. Asimismo, cada comunidad autónoma creará una Comisión de Control y Evaluación para seguir el proceso.
Por último, han incidido en la posibilidad de revocar, en cualquier momento, la decisión tomada, así como en la seguridad jurídica de los profesionales que participen en ello y la posibilidad de objeción de conciencia por parte de aquellos sanitarios implicados que no deseen participar en ello.
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