El Consejo de Gobierno dio luz verde a la nueva Ley de Caza de Aragón, en la que se trata de mejorar la relación entre cazadores y agricultores en el caso de los daños producidos por especies cinegéticas, mejorar el rendimiento económico de las reservas y reglamentar la práctica de la caza en aspectos que no se encontraban bien definidos desde el punto de vista legal.
Esta modificación pretende mejorar las tramitaciones administrativas que deben completar los cazadores, incluida la gestión de los terrenos cinegéticos; facilitar el relevo generacional; resolver el problema que se genera como consecuencia de los accidentes de tráfico producidos por las especies cinegéticas o actualizar el funcionamiento de las reservas de caza.
El consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, resaltó la importancia de esta norma porque la caza es uno de los principales recursos económicos del medio rural aragonés, con más de 50.000 cazadores, 1.400 cotos y una extensión de 4,3 hectáreas. Destacó que, a partir de ahora, el Gobierno solo será responsable de la caza colectiva.
