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Pleno en las Cortes de Aragón

Oliván defenderá que el transporte para la diálisis siga siendo gratis

La comunidad recaudará seis millones euros extra en farmacia. La oposición carga contra las intromisiones del Gobierno central

 

El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván (derecha) ayer junto al de Presidencia, Roberto Bermúdez. - Foto: EL PERIÓDICO

M. VALLÉS
27/04/2012

El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, aseguró ayer en las Cortes que defenderá que el transporte para los pacientes que deban someterse a diálisis sea gratuito. O al menos esa será la postura del Gobierno de Aragón. Los planes del Ejecutivo central pasan por implantar el copago en los desplazamientos sanitarios que no estén considerados urgentes.

Oliván aclaró que todavía no hay una decisión tomada al respecto. "No está cerrado", dijo. Fue la única disconformidad que reconoció respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno central. Con el resto se mostró no solo de acuerdo, sino que las defendió: "Con crisis o sin ella se deberían de haber aplicado", sentenció. En su opinión lo que persigue el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "resolver problemas". Porque el formato actual es "inviable".

El consejero rechazó cualquier atisbo de afán recaudatorio en las medidas emprendidas para frenar el gasto farmacéutico. La comunidad se embolsará unos seis millones de euros extra en este concepto, según reconoció Oliván. Los aragoneses tendrán que pagar cinco euros más al año. Este cambio "no es renunciar al estado del bienestar", es garantizarlo, dijo el titular de Sanidad, quien recordó que con el sistema actual hay "determinados colectivos" que no tenían derecho a la asistencia sanitaria. Algo que ahora, según aseguró, no sucederá. Pese a ello defendió la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes. "No creo que ninguno se muera en la puerta de un hospital", aseveró.

Oliván trató de ofrecer el lado positivo de las medidas. No en la tribuna, sino a través de una nota de prensa. En ella se especificaba que 54.287 parados sin prestación dejarán de pagar por los medicamentos. La iniciativa afectará también a sus familiares. Hasta ahora debían abonar el 40%. En el comunicado también se indicaba que en la comunidad se destruyen al año 111 toneladas de medicinas, "lo que supone un despilfarro" de 30 millones por ejercicio.

 

CRÍTICAS Las bondades esgrimidas por el consejero no convencieron a la oposición. El portavoz del PSOE, Javier Sada, subrayó que la sanidad española "es la más eficaz y eficiente del sistema europeo" y afirmó que los populares "ponen impuestos a la enfermedad". Desde IU, la diputada Patricia Luquin lamentó que con estas medidas "perderán los trabajadores, las clases medias, los pensionistas, los jóvenes y solo ganarán las aseguradoras privadas". La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, criticó la pérdida de prestaciones y recalcó que la comunidad autónoma tiene su propia ley de sanidad, que es la que debe marcar las líneas a seguir en esta materia. También el socio del PP, el PAR, se opuso a que Madrid dicte la políticas sanitarias.

 

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