El consejero aragonés de Sanidad, Ricardo Oliván, tendrá que comparecer mañana en el pleno de las Cortes para explicar su posición respecto de la modificación de la ley del aborto a petición de dos grupos parlamentarios, CHA e IU.

La portavoz de IU, Patricia Luquin, y la diputada de CHA Carmen Martínez han indicado hoy que dado que Oliván no ha expresado su postura públicamente, los dos grupos parlamentarios han pedido su comparecencia para que explique si en el último Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud defendió los derechos de las aragonesas o se limitó a "seguir el dictado" del PP.

"Estamos hablando de una ley que no toca, ampliamente contestada por la ciudadanía aragonesa" con la se pretende arrebatar a las mujeres el derecho "duramente conseguido" de decidir libremente sobre su maternidad, ha dicho Martínez.

Se trata, ha agregado, de declarar a las mujeres "incompetentes" a la hora de tomar decisiones sobre su cuerpo a través de una ley que además pondrá "en serio peligro la salud de muchas mujeres".

Además, ha opinado que esta reforma se está llevando de una forma "un poco extraña", dado que aún no se sabe si se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo viernes para que se tramite en el Congreso en periodo no ordinario en verano, lo que dará lugar a que el plazo para presentar enmiendas sea más corto y la opinión pública pueda no estar tan atenta.

Luquin ha criticado, por su parte, los "silencios absolutamente clamorosos" ante esta reforma de Oliván, de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, salvo a través de la prensa, y de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Pilar Argente, quien no ha dicho "ni una sola palabra" al respecto.

"Nos parece esperpéntico que la propia directora del IAM no tenga opinión sobre un tema tan trascendental", ha subrayado Luquin, quien ha criticado también que Rudi se haya negado a comparecer en las Cortes autonómicas para hablar del asunto y solo haya hecho declaraciones en los medios de comunicación "negando" el derecho de las mujeres a interrumpir libremente un embarazo.

Para Luquin, la reforma supone un "ataque sin precedentes" a los derechos de la mujer y al menos, los miembros del Gobierno de Aragón, "deberían tener la decencia de venir a explicar por qué van a apoyar esta ley".

Con la reforma, ha apuntado, se pasa de una de plazos a una de supuestos cuando en 21 de 28 países de la UE es de plazos porque desde hace tiempo está clara la importancia del acceso al aborto sin riesgos y de forma legal, ya que "está demostrado que las mujeres no dejan de abortar por tener leyes restrictivas, sino que lo hacen en peores condiciones".

Ha denunciado que la reforma se pretenda hacer "de tapadillo" en julio, a su juicio porque no goza de ningún tipo de popularidad, ya que más del 85 por ciento de la sociedad, ha dicho, cree que la ley vigente es buena y no necesita una modificación.

En cuanto a la posible incorporación en la reforma de la malformación fetal como motivo legal para abortar, Luquin ha dicho que esos "pequeños avances son todos retrocesos" hacia la ley de 1985 cuando hay que defender una ley para las mujeres en 2014.

Además, ha agregado Martínez, este supuesto ni siquiera se podrá llevar a cabo porque las malformaciones muchas veces se diagnostican más tarde de los plazos que prevé la ley para poder abortar en cualquier caso.

Martínez ha apuntado, asimismo, que este supuesto representa menos del 3 por ciento de los abortos, con lo que la reforma deja fuera al 97% de las mujeres que lo hacen por otros motivos, como afectivos, sociales, económicos o laborales.

Además, ha apostillado Luquin, el endurecimiento de los requisitos hace inviable que se pueda interrumpir el embarazo de forma legal incluso en los supuestos previstos en la reforma, que ha tachado de "clasista" porque las mujeres con capacidad económica se podrán marchar a países del entorno a abortar de forma segura y las que no tengan recursos económicos tendrán que someterse a abortos clandestinos.

Luquin ha avanzado que el grupo de la Izquierda Plural en el Congreso, del que forman parte tanto IU como CHA, presentarán una enmienda a la totalidad del proyecto de ley pidiendo su retirada cuando se presente.