El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, considera "justa y equitativa" la actual normativa aplicada para el cálculo de la aportación que deben asumir las personas dependientes para recibir sus servicios y que tiene en cuenta el patrimonio. La ejecución de la nueva legislación, que entró en vigor el año pasado, ha supuesto que, en Aragón, este colectivo asuma un aumento de su desembolso de 41 euros de media al mes, aunque, para el consejero, esta cantidad "tampoco es tan importante".

Oliván insistió ayer en las Cortes en que es "de justicia" que se aplique un baremo para el copago por la vivienda que no usa una persona que ocupa una plaza residencial y recordó que la aplicación de la norma "supone la traslación al ámbito autonómico de una ley y, de hecho, no hay ninguna comunidad autónoma que no lo haya aplicado".

El consejero se refirió a los resultados de una encuesta realizada entre 120 personas, el 75% de ellas en residencia y el 25 % en centro de día, de la que se desprende que el pago medio es de 547 euros al mes por persona, frente a los 506 de media antes de aplicar el criterio de patrimonio.

Alrededor del 60% de las personas dependientes ha sufrido un incremento en la cantidad que debe asumir como copago por los servicios recibidos en función de sus bienes. Desde el pasado año, este factor cuenta junto a la renta --hasta entonces solo se atendía este aspecto-- para determinar la capacidad económica de las personas y calcular el copago de los servicios que reciban.

REVISIÓN

Así, gran parte de los 19.000 beneficiarios de la dependencia que actualmente hay en la comunidad autónoma tienen que pagar más a partir de ahora por el alojamiento en residencias o centros de día, la ayuda a domicilio o la teleasistencia. De momento, este incremento solo afecta a unos cuantos. Concretamente, a los que fueron dados de alta en el sistema a partir de noviembre del 2013 a aquéllos cuyos casos han sido revisados.

Así lo exponía recientemente el propio consejero en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por IU. "En agosto del 2014 el número de expedientes que han sido afectados por la norma son 159, de los cuales a 93 se les realiza un incremento, 4 se mantienen como estaban y 62 disminuyen el copago previo", apuntó.

Es decir, un 58% de los dependientes afectados por este cambio normativo deben asumir un aumento en la cantidad a pagar por percibir un servicio. La contribución nunca debe superar el 90% del coste de referencia del servicio; fijado entre los 1.100 y los 1.600 euros para residencias, 650 euros para centros de día y noche y 14 y 90 euros la hora para servicios de atención personal y domésticos. En todo caso, una persona cuya capacidad económica se sitúe por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, (IPREM) --está establecido en 532,51 euros al mes y 6.390,13 euros al año-- está exenta del pago.

La cuantía, determinada por el coste del servicio, la capacidad económica del beneficiario y el tipo de ayuda, se determina en base a la renta (totalidad de ingresos de la persona beneficiaria, derivados del trabajo personal o elementos patrimoniales, o el ejercicio de actividades económicas y dividido por el número de miembros de su unidad familiar), incrementada en el porcentaje sobre el patrimonio que le corresponda según la edad (5% a partir de los 65 años, 3% de los 35 a los 65, y 1% para los menores de 35 años). "El Gobierno de Aragón introdujo un régimen transitorio para las personas que, en el momento de entrada en vigor de la misma --el 20 de noviembre del 2013-- se encontraran ya integradas en el sistema recibiendo un servicio o prestación, así como para aquellas cuyos expedientes, en ese momento, se encontraran en vías de tramitación", explicó Oliván. Es decir, las personas ya integradas en el sistema de dependencia o que lo vayan a hacer en breve, mantendrán sus derechos actuales hasta la revisión de sus expedientes.