El proceso de revisión política del Pacto del Agua que se firmó en el año 1992 debería estar restringido a los «problemas judicializados», como supone la regulación de la cuenca del río Gállego para así poder garantizar el desarrollo de las obras pendientes. O al menos así lo consideró ayer el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, a la hora de valorar las discrepancias que ha suscitado la propuesta.

«Estaba anunciado en el acuardo de gobernabilidad», señaló al justificar el anuncio de revisión, pues evidenció que el texto actual «no está siendo capaz de afrontar las exigencias que se derivan del marco jurídico» tras los reveses que ha sufrido el pantano de Biscarrués, entre otros. Y precisó que eso no significa renunciar al desarrollo de las infraestructuras pendiente. «Defiendo la pertinencia de las obras del pacto, sobre todo el desarrollo las de regulación, pues se necesitan caudales adicionales para los regadíos que desde este departamento estamos impulsando», especialmente para el sistema Monegros II.

Olona recordó que la voluntad política que se mostró en los años noventa «no es suficiente» en el nuevo marco de la jurisprudencia comunitaria. «Tenemos que reforzar el Pacto del Agua para hacer frente a los inconvenientes que se están produciendo, algo que se constata en el hecho de que después de 30 años tenemos obras de regulación que no solo no se han hecho, sino que están cuestionadas», dijo.

La unión política, social y económica será necesaria para poder afrontar obras que afectan de forma directa al cauce de un río. «Tenemos que dotar de solidez a nuestros argumentos para que no sean solo una declaración política», afirmó Olona. Y destacó que cualquier avance deberá estar avalado con sus correspondientes estudios técnicos.

RIEGOS DEL ALTOARAGÓN

Más allá de la urgencia sobre la cuenca del Gállego, el consejero señaló que en el Pacto del Agua suscrito en el 92 falta por contemplar inversiones fundamentales como el pantano de Almudévar o el de Valdepatao, actualmente terminado, aunque sin que se haya puesto en funcionamiento. «Se tiene que poner en uso porque ha supuesto una inversión muy importante», explicó.

La reunión de la comisión que permitirá avanzar en estos aspectos relacionados con el agua en la comunidad aún no tiene fecha. Sin embargo, el revuelo causado por el anuncio del debate parece que va remitiendo. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ya ha mantenido una conversación con el presidente del sistema de Riegos del Altoaragón, César Trillo, para tratar de garantizar su presencia en la mesa de diálogo y emplazarse a un encuentro en persona. Desde el primer momento la entidad se ha mostrado reacia a participar. También han suavizado su postura en el PP tras la rotunda oposición de las primeras jornadas. En la DGA confían en poder impulsar el debate de forma oficial lo antes posible.

«En el PP siempre estamos abiertos al diálogo, ahora bien, el presidente Javier Lambán tiene la obligación de concretar qué es lo pretende, porque participar en una mesa trampa para cuestionar proyectos fundamentales para el presente y el futuro del sector primario no va con nosotros», advirtieron ayer el presidente de la formación, Luis María Beamonte, y el portavoz de Agricultura, Ramón Celma, tras mantener encuentro con representantes de UAGA, UPA y ARAGA en el marco de la ronda de conversaciones que han puesto en marcha para conocer las opiniones de los regantes y de sindicatos respecto al anuncio de revisión de las obras del Pacto del Agua.

Por el momento, los populares se muestran reacios al debate al considerar que el debate busca eliminar de la lista de compromisos las infraestructuras que rechazan formaciones como CHA o Podemos, las dos en el Ejecutivo.

Por otro lado, el pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) aprobó una propuesta con los votos del PSOE y el PAR para apoyar la mesa de diálogo anunciada.