En el Ayuntamiento de Zaragoza existe cierta tensión sobre la decisión del Tribunal Supremo en relación a las revisiones de precios que le reclama la empresa que se encarga de la limpieza viaria, FCC, y que podría ascender a los 50 millones. Mientras que desde el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) piden calma, la oposición tiene malos presagios y exige un plan que refleja todas las deudas pendientes y la previsión de pagos.
El concejal de Economía, Fernando Rivarés, insistió ayer en que por ahora solo tienen que abonar las revisiones de precios del 2009, que ascienden a 181.591 euros y que hay que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre las que corresponden a las del 2011 hasta el 2014. Añadió que, pase lo que pase, «hay fórmulas para acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE)», aunque no las explicó, y que en el 2015, con un remanente de 250.000 euros -este año es de 5,5 millones- lograron pagar 105 millones de deuda.
La concejala del PP, María Navarro, advirtió que Zaragoza supera el nivel de endeudamiento fijado por Madrid por lo que no puede adherirse al FIE.
DEUDAS
Según la popular, que ayer acudió con la ametralladora de datos, explicó que el consistorio se enfrenta a una deuda de 42,5 millones. La cuantía es el resultado de los 181.591 euros que FCC reclama de las revisiones de precios correspondientes al ejercicio del 2009, 1,8 millones del 2010, 4,1 del 2011, 5,4 del 2012 (están pagados) y otros 5,4 del 2013 (también pagados), del 2014, 6,2 del 2015, 6,5 del 2016, 7,1 del 2017, 8,5 del 2018 y 1,5 del 2019. A esta cantidad habría que sumar los intereses de demora, por lo que la cuantía ascendería hasta los 46,2 millones, según los datos de Navarro y que Rivarés no negó. Además, advirtió de que si el Supremo falla en contra del consistorio sobre las revisiones de precios que reclama la empresa del bus se sumarían 29 millones. Sin olvidarse de los 2,6 del corredor verde o los 9,6 del Tiro de Pichón.
El origen de estas cantidades está en el Gobierno del socialista Juan Alberto Belloch. De ahí que la concejala del PSOE Marta Aparicio tratase de defender que, gracias a los recursos del Gobierno socialista durante los último años, le habían «ahorrado 35 millones» a la ciudad. Recordó que, por ejemplo, la justicia había decidido que la cuantían monetaria que FCC también le reclamaba al consistorio por recogida de toneladas no podía computarse en las revisiones de precios. «Es una falacia afirmar que el anterior Gobierno se financiaba a base de recurrir sentencias. Cualquier Gobierno mínimamente serio tiene el deber de litigar contra las grandes contratas», indicó.
Desde Cs, Sara Fernández insistió en que hay que tener previsión de que la deuda pendiente por sentencias se incremente de forma considerable. «No hay que cerrar los ojos porque el Supremo ya ha inadmitido a trámite el recurso de las revisiones de precios del 2009 y puede pasar con el resto», indicó. Fernández solicitó «un informe detallado que refleje el impacto económico de las sentencias y de otras que hay pendientes», como las de plusvalía. Aseguró que a día de hoy no hay dinero para pagarlas y que es «responsabilidad» de Rivarés diseñar un plan para afrontar la deuda.
Por su parte, el concejal de CHA, Carmelo Asensio, también insistió en la necesidad de «pensar cómo se pagarán los 50 millones a FCC» porque el FIE «se antoja complicado». Instó al concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, a que inicie una negociación con FCC ante el negro panorama que se avecina.
