Al final la campaña publicitaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sido prohibida por la Junta Electoral Central y ha provocado un lío de no te menees. Pero el daño ya está hecho (o sea, como lo de Cascos, que a buenas horas se retira el guaja). En Francia, sin embargo, una maniobra propagandística (la del Ministerio de Zaplana, digo), tan descarada y bajuna, nunca hubiera dado pábulo a polémica alguna; simplemente no hubiese podido existir. Las leyes galas prohiben que las instituciones públicas se metan en anuncios y spots si hay elecciones a la vista. Claro que los señores gabachos poseen otras muchas garantías democráticas en relación con los medios. Para empezar, allí no da las frecuencias y licencias el Consejo de Ministros (como ocurre aquí), sino los consejos de lo audiovisual que son algo más independientes. Y si no quieren hablar de la Francia, nos pasamos a la Gran Bretaña, cuya radio-televisión pública, la famosa BBC, se maneja en unos términos de independencia respecto del Gobierno, que a su lado la RTVE no es ya la voz de su amo, sino algo cuya inercia servil me abstengo de calificar por no ofender a algún colega.
He leído estos días que en Alemania la normativa electoral y la que regula la vida de los partidos impone servidumbres democráticas desconocidas por estos pagos (por ejemplo a la hora de elegir a quienes van a ser candidatos electorales). Los germanos y los ciudadanos de otros países de la Vieja Europa han rodeado su vida política de controles que entre nosotros parecerían manías de paranoicos. Aquello es otro nivel, otra cosa.
Dicho lo cual, permítanem ustedes dos acotaciones finales. La primera: mis saludos y recuerdos a la gente de Artieda; hablaré de ellos mañana. La segunda: mi más sincera felicitación a Jorge Alonso, colega de EL PERIODICO, premio de la Asociación de la Prensa por sus magníficas y certeras informaciones sobre el AVE; ¿quién dijo que el periodismo de investigación había muerto?
