El Gobierno de Zaragoza ha decidido este martes, en sesión extraordinaria, suspender el proceso de adjudicación de las 77 viviendas libres previstas en el entorno de los Depósitos de Pignatelli hasta que se resuelva el contencioso iniciado por el Gobierno de Aragón contra el expediente.

Esta decisión viene motivada por el hecho de que en dicho expediente se solapaban las obras de construcción de viviendas con las de urbanización de la zona, vinculando unas a otras, ha explicado en rueda de prensa el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Ante esta situación, y pese a que el tribunal no impuso medidas cautelares tras la impugnación del Gobierno autonómico, el Ayuntamiento ha optado por mostrarse "prudente" y "respetuoso" con las resoluciones judiciales y esperará la sentencia definitiva, que calculan que tardará entre 6 y 7 meses.

Serrano ha indicado que en este momento se debía convocar a la mesa para abrir los sobres -se habían presentado cuatro empresas a la licitación- y que el proceso "se retomará en cuanto sea prudente retomarlo".

No obstante, ha recalcado que, dado que el proyecto de urbanización tampoco está elaborado, el retraso total en el expediente será algo menor, de entre 3 y 4 meses.

El consejero ha calificado también el proyecto elaborado por la corporación anterior de "raro" y de obedecer a "determinadas prisas políticas", al vincular la urbanización a la construcción de viviendas y ni siquiera especificar cómo debe producirse esa urbanización.

Sin embargo, ha señalado que no se prevén cambios en el proyecto de Depósitos del Pignatelli, aprobado por unanimidad durante el mandato anterior, ya que tampoco hay una redacción clara ni concreta en el mismo.

"No estamos rediseñando ni redefiniendo nada porque no estaba diseñado ni definido", ha aseverado.

Del mismo modo, ha anunciado que iniciará conversaciones con el Gobierno de Aragón para ver si ambas instituciones pueden llegar a un acuerdo por el que no tengan que esperar a la resolución judicial.

Por otro lado, el Gobierno de la ciudad ha aprobado la cesión gratuita a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda de 2.700 metros cuadrados de suelo para la construcción de las 30 viviendas protegidas en régimen de alquiler previstas en el mismo proyecto, con el compromiso de que los locales, las zonas verdes y los viales de acceso aparejados vuelvan a revertir en el Ayuntamiento.

No obstante, tampoco se podrán iniciar al no estar adjudicada la obra principal y, como consecuencia, las de urbanización, e irán todas ellas en un único proceso, ha añadido el consejero.

La portavoz del Gobierno municipal, María Navarro, ha resaltado que esta decisión obedece a dos aspectos fundamentales para la coalición PP-Cs: la prudencia y el diálogo con la DGA.

Prudencia porque, con la cantidad de sentencias condenatorias que acumula el Consistorio, no pueden "lanzarse a la justicia" como se ha hecho en mandatos anteriores sin estudiar profundamente los casos.

Diálogo con el Gobierno de Aragón, en todas las áreas y no solo en Urbanismo, porque "siempre será mejor llegar a acuerdos, con independencia del color político, que judicializar la política", ha remachado.