La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) denunció ayer en Zaragoza el modelo de los nuevos desarrollos de este negocio, al estar en manos exclusivamente de las grandes eléctricas y los fondos de inversión, y reclamó por ello al Gobierno que se reserve un 10% de la capacidad de evacuación a empresas aragoneses y de pequeño tamaño.
«No está permitiendo que se distribuya el negocio y la riqueza de la producción fotovoltaica», lamentó Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, quien aseguró que ninguno de los nuevos parques que se impulsan actualmente en esta comunidad autónoma serán explotados por compañías con sede en Aragón. Los ingresos de esta energía renovable, criticó, «irán a parar a fondos de inversión extranjeros».
Así lo señaló ayer a este diario antes de participar en una jornada de esta asociación en la Cámara de Zaragoza, en la que había inscritos cerca de un centenar de participantes. El acto se enmarca en la campaña Camino del Sol, impulsada por Anpier para exigir una transición energética justa, seguridad jurídica para los productores fotovoltaicos y la democratización de la generación energética a través de cualquiera de las modalidades que ofrece esta tecnología.
Por otra parte, Martínez-Aroca urgió que se ponga en marcha el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica para evitar que a partir del 2020 se aplique un recorte adicional del 20% a la retribución de los parques fotovoltaicos construidos después del 2007. Esta rebaja viene contemplada en la reforma energética aprobada en su día por el Gobierno de Rajoy y afectaría «a 2.000 familias aragonesas» que invirtieron en este tipo de instalaciones, según Anpier. Esta medida, cuya tramitación ha quedado interrumpida por el periodo electoral, «acabaría de cerrar la sangría» de los pequeños productores solares, que han sufrido «recortes retroactivos de entre el 25% y el 50%» en los últimos años.
