La vivienda volverá a ser tras el verano uno de los principales focos de atención de la sociedad española y aragonesa. En realidad, nunca dejó de serlo, pero la voz de alarma que dio la semana pasada el Banco de España sobre la situación del alquiler en España ha puesto de nuevo al sector inmobiliario en el punto de mira. Los precios se han disparado más de un 50% de media en los últimos cinco años. Si a esto se añade que los hogares con menos recursos son los que principalmente optan por el alquiler, la ecuación da como resultado más problemas para los que menos tienen.

Este será uno de los retos más complicados que deberá afrontar (dentro de sus competencias) el nuevo Gobierno de Aragón, que echará a andar con un cuatripartito en el que conviven distintas sensibilidades a la hora de afrontar un problema que va más allá del propio sector inmobiliario.

Aunque no hay datos oficiales, los informes de algunas inmobiliarias dan fe del incremento de los precios en los últimos dos años. Hoy, alquilar un piso de 100 metros cuadrados en Zaragoza puede costar entre 390 y 1.340 euros al mes, en función de dónde se sitúe el inmueble. En el paseo Independencia, los arrendamientos cotizan a 13,4 euros por metro cuadrado, mientras que en barrios como Torrero, Las Fuentes, Oliver y San José se sitúan en 3,90 euros. El abanico es amplio, pero la cuestión no es el qué sino el por qué.

El Banco de España ha alertado de que la fuerte subida de los precios del alquiler responde, entre otros factores, a su elevado atractivo como instrumento de inversión en un momento en el que la rentabilidad para el ahorro está por los suelos. Los bajos tipos de interés y la inestabilidad de los mercados hacen perder atractivo a los depósitos de los bancos y a otros instrumentos bancarios como los fondos de inversión. Eso por no hablar de invertir en bolsa que, a día de hoy, se ha convertido en una práctica de riesgo. Esos mismos tipos de interés bajos (el euríbor está en mínimos históricos) facilita la adquisición de vivienda a un coste más bajo. El escenario es propicio, por tanto, para los fondos, especuladores y para que los precios suban.

Y EL MERCADO LABORAL....

Las nuevas políticas de vivienda del Ejecutivo de Lambán deberán tener en cuenta este escenario si quieren que el derecho a la vivienda sea eso, un derecho. La promoción de vivienda protegida desapareció prácticamente a raíz de la crisis económica y el alquiler social es casi testimonial.

A esta problemática hay que añadir un nuevo elemento que comienza a preocupar: el mercado laboral. En julio subió el paro en Aragón, algo que no ocurría desde el 2014 y la temporalidad tampoco hace mención de batirse en retirada. De hecho, esta lacra golpea especialmente a quienes quieren emanciparse y ven (o veían) como única solución el alquiler.

La presumible desaceleración tampoco parece que vaya a dejar vía libre a nuevas subidas de salarios, que hasta ahora han sido tímidas y poco generalizadas. Por tanto, o se articulan mecanismos para que la subida del precio del alquiler no se note en la población o habrá que seguir viviendo en casa de mamá y papá.