Las Cortes de Castilla y León han pedido hoy al Gobierno autonómico que manifieste su "rechazo a cualquier injerencia de organismos o instituciones ajenas a la Comunidad" que pretenda obstaculizar "ilegítimamente" el desarrollo del proyecto de la mina de magnesita en Borobia (Soria).
La proposición no de ley del PP, planteada en el pleno, ha conseguido el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que ha añadido una enmienda al texto.
La propuesta de los socialistas solicita al Gobierno central que llegue a acuerdos con distintas administraciones para garantizar el respeto del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de Borobia, localidad soriana enclavada en el entorno del Moncayo y rayana con Aragón, y de sus zona próxima.
El procurador popular Jesús Ángel Peregrina ha defendido las competencias de la Comunidad en materia de medio ambiente y minería establecidas tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad.
Al respecto, Peregrina ha asegurado que por "el convencimiento de la no afección a otros territorios del proyecto de explotación minero de Borobia, como han demostrado los informes técnicos y ambientales" su grupo ha solicitado a la Junta que rechace las "injerencias" de instituciones ajenas a la Comunidad.
El procurador del PP ha calificado el proyecto como "estratégico", ya que, según los informes técnicos, creará empleo "para tres generaciones" en la zona.
Peregrina ha recordado que el proyecto está pendiente de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro y ha asegurado que es "necesario" que esta no se demore.
En ese sentido, el texto aprobado hoy ha instado a la Junta a que pida al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que, una vez concluidos los ensayos de bombeo de la Confederación, se proceda a autorizar la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, "necesaria" para el desarrollo del proyecto.
La procuradora socialista Esther Pérez ha mostrado el apoyo de su grupo al proyecto, aunque con la adhesión de una enmienda en la que han pedido al Ejecutivo central que alcance los acuerdos necesarios con administraciones que garanticen el respeto al medio ambiente, el desarrollo socioeconómico de la zona y el cumplimiento de la legalidad.
El procurador de IU José María González ha rechazado la propuesta popular porque ha considerado que tendrá un "grave costo" en el medio ambiente por la contaminación de las aguas superficiales y los acuíferos, que se verán "irreversiblemente contaminados".
"Supone el riesgo de desaparición de la actual red fluvial en la zona y la desaparición de los manantiales", ha concluido González.
El Gobierno de Aragón ha reclamado un informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la posible afección de la explotación minera a los pueblos aragoneses que se abastecen del río Manuebles, que nace en la sierra del Tablado, espacio donde se encuentra este yacimiento de magnesita, el más grande de Europa.
