No se impulsarán municipalizaciones de servicios vinculados a la sociedad municipal de Ecociudad y todas las medidas incluidas en el plan director que aprobó en solitario, en julio del 2018, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se quedarán en punto muerto hasta después de las elecciones. El vicepresidente de la sociedad y edil de ZeC, Alberto Cubero, presentaba ayer a la oposición las líneas maestras de ese eje estratégico que diseñó y aprobó cuando el resto de formaciones políticas se encontraban apartados de la toma de decisiones, y aunque pretendía que se ratificara o rechazara en una votación ayer, ya con ellos dentro del consejo, su respuesta en bloque fue la de aparcar su elaboración hasta la próxima corporación. Para reelaborarlo y buscar consensos con las nuevas mayorías que proporcionen las urnas el próximo mes de mayo.

Se podía esperar que esa fuera la decisión del PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA después de que en el plazo que Cubero había abierto para plantear alegaciones o enmiendas a ese plan director, nadie hubiera propuesto absolutamente nada. Y aún así se celebraba la sesión extraordinaria convocada por ZeC para intentar esa votación imposible. La oposición escuchó todas las explicaciones , le recalcó que su «acción prioritaria» en ese plan, que eran las municipalizaciones de servicios, estaba totalmente descartada a cuatro meses de las elecciones y esa hoja de ruta quedó en un limbo que nadie sabe cómo puede evolucionar. Porque el plan sigue vigente y porque hay actuaciones que el Gobierno municipal piensa impulsar.

La primera medida, en la sesión ordinaria de Ecociudad de la próxima semana, será la contratación de una persona en un puesto de jefatura que ayude a ahorrar costes. En la línea de otras actuaciones, como la internalización de servicios como los de asesoría jurídica que solía traducirse en contratos externalizados y que ahora pretende hacer con medios propios. Medidas que, según Cubero, rebajaría de 16,5 millones a 15 el gasto.

«El plan no está tumbado, ahora veremos qué pasa cuando empecemos a ejecutarlo», explicó Cubero, quien consideró que bloquear cualquier decisión crearía «una guerra abierta que haría ingobernable la sociedad».

ESPERAR A MAYO

Para la socialista Lola Ranera, este plan fue una decisión «unilateral» que ni siquiera se les había explicado, y propuso acudir a un «plan estratégico del ciclo integral del agua» que «exige la búsqueda de consensos» y no descarta aglutinar de nuevo el saneamiento y el abastecimiento en un solo órgano de gestión, ya sea el consistorio o Ecociudad. Pero «no es el momento de votar y aprobar nada», apostilló. CHA, por su parte, fue el que se mostró más proclive a hablar del plan y a plantear propuestas en positivo.

Alberto Casañal, de Cs, pidió la retirada de los puntos del orden del día que pedía votarlo. «Está aprobado pero no lo compartimos», recordó, a la vez que confió en que, como está vigente, «no tomen decisiones que sean irreversibles para el próximo Gobierno» que salga de las urnas.

María Navarro, del PP, lamentó que «intenten aprobar sin negociar un plan a cinco meses de las elecciones cuando han tenido tres años para hacerlo» y pidió un informe de las inversiones ejecutadas en el 2018 en las depuradoras de La Cartuja y La Almozara. Además, recalcó que no podrá ejecutarse nada de esa hoja de ruta porque «ni siquiera están los informes técnicos que pidió ZeC en julio para poder hacerlo».