El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, y el gerente del Clínico, Sebastián Celaya, deberán comparecer en diez días ante representantes de usuarios y trabajadores del centro de especialidades Inocencio Jiménez.

Este es el plazo que les dan los integrantes de la plataforma Inocencio Jiménez , que se constituyó ayer para luchar contra el posible cierre del ambulatorio y el traslado de los pacientes al Clínico. Este colectivo está integrado por la junta de personal del centro sanitario, los trabajadores y ocho asociaciones de vecinos (Valdefierro, Miralbueno, Hispanidad, La Bozada, Lombarda, Delicias, Oliver y Casablanca).

Con la convocatoria de esta reunión, la nueva plataforma pretende que tanto Larraz como Celaya les expliquen qué va a pasar con este ambulatorio, por el que a diario pasan 1.500 pacientes.

Según publicó este periódico, desde el Servicio Aragonés de Salud se ha visto la necesidad mejorar las instalaciones de este centro, que ya tiene 30 años. Para ello, se está estudiando la posibilidad de rehabilitar el actual o su reubicación. Mientras se desarrollasen las obras, los usuarios deberían trasladarse al Clínico.

"No nos pueden cerrar el Inocencio Jiménez si no hay una alternativa. La calidad del servicio sanitario corre peligro". Esta es la idea principal defendida por la plataforma. Tanto trabajadores como usuarios apoyan el reformar las actuales instalaciones o la reubicación del ambulatorio. Pero nunca, el traspaso al Clínico, por la masificación de las consultas. Además, solicitan que se analice el futuro del distrito.

"Si el centro está mal, ellos son los responsables. Hace tres años había presupuesto para acometer obras, pero éstas nunca llegaron", recordaron desde el colectivo, cuyos miembros subrayaron la necesidad de conocer el estudio que se elabore desde Salud.

"Estamos de acuerdo en que se construya un nuevo centro, pero antes debe haber un solar, presupuesto y un proyecto, que por ahora son inexistentes. Además, mientras se ejecuten los trabajos, el Inocencio Jiménez debe seguir funcionando", reivindicaron los afectados.