Casi parece mentira. Se creía que el pleito por los bienes de las parroquias del este de Huesca estaba condenado a eternizarse en los tribunales, pero pese a todos los impedimentos, el lento proceso de recuperación de las obras de arte sacro depositadas en el Museo de Lérida se ha acelerado estos últimos tiempos y ha virado ya claramente a favor de Aragón.

Los últimos acontecimientos certifican esa constatación. Por un lado, el Obispado de Lérida, exhausto seguramente tras años de terca oposición, reconoció el pasado jueves que las piezas deben volver a sus legítimos dueños y pidió algo más de tiempo para hacerlo en un escrito remitido por el obispo Salvador Giménez al Juzgado número 1 de Barbastro.

Y, por otro lado, el consorcio que rige el museo leridano, compuesto por el obispado, la Generalitat, la comarca, el ayuntamiento y la diputación provincial, sacó en enero a licitación el traslado de las obras, dado que se trata de una operación con «una dificultad extrema» que exige especiales técnicas de manejo y embalaje y vehículos acondicionados para el traslado desde la ciudad del Segre a Barbastro, a 65 kilómetros.

Claro que Aragón no puede dormirse. Ganar dos batallas en la guerra santa de los bienes eclesiásticos puede ser engañoso. Al fin y al cabo el Museo de Lérida mantiene otros frentes abiertos: un recurso ante la Audiencia de Huesca contra la orden de ejecución provisional de la sentencia dictada como un ultimátum en diciembre del 2020, y la baza de la apelación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que reconoció en diciembre del 2019 que las parroquias oscenses eran las propietarias de las 111 piezas reclamadas.

Cada trámite judicial esconde una trampa en forma de dilaciones, vericuetos jurídicos y oportunidades para desviar la atención. Eso sucedió a lo largo del año pasado, en el que el proceso se ralentizó hasta pararse cuando la parte catalana planteó un conflicto de jurisdicciones ante el Supremo al negar competencia sobre la materia al juez de Barbastro, Carlos Lobo, extitular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la capital del Somontano, al considerar que no era la instancia que debía enjuiciar el asunto.

Por si los obstáculos de procedimiento no bastaran, el coronavirus y el confinamiento intermitente se encargaron además de paralizar el funcionamiento de los órganos judiciales. El conflicto de jurisdicciones se resolvió en octubre pasado cuando el Supremo se pronunció por la competencia del magistrado barbastrense. Y el covid-19 congeló la marcha de las causas judiciales durante varios meses pero ya se ha está volviendo a un nivel de resoluciones similar al de antes de la pandemia.

Se trata de nuevas piedras en el camino de una reivindicación que se remonta a la época de la Transición, cuando Aragón planteó que sus límites eclesiásticos coincidieran con sus fronteras geográficas.

Con todo, la Diócesis de Barbastro-Monzón, que agrupó las parroquias antes dependientes de Lérida, no se estableció oficialmente hasta el año 1995. Y aún tendrían que pasar largos años, décadas incluso, hasta que la nueva diócesis aragonesa se decidiera a dar el paso de salir del litigio canónico ante el Vaticano, sin resultado visible pese al fallo favorable para Aragón del año 2005, para trasladar el caso ante la justicia civil.

El obispo de Barbastro, Ángel Pérez, tomó esa decisión en el 2019. No fue nada sencillo, pues suponía enfrentar a dos diócesis por la propiedad de unos objetos artísticos, sí, aunque también de culto, con un significado antes que nada religioso. Pero no quedaba más remedio. La cerrazón de una de las partes, la demandada, imponía abordar la cuestión desde un nuevo ángulo. La causa, mientras tanto, ha ido engrosándose de folios y más folios, ganando peso y volumen a medida que se convertía en un objetivo prioritario para Aragón.