Los secretarios generales autonómicos de Podemos en Aragón, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana han apostado este viernes por un cambio de cultura social y política en la gestión del agua, que "revierta la privatización que ha hecho del agua una mercancía y no un derecho".

Así lo han señalado los secretarios generales de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ; de Castilla-La Mancha, José García Molina; de La Rioja, Francisco Javier Garrido; de Aragón, Nacho Escartín, y de Murcia, Óscar Urralburu, en la presentación en Valencia en rueda de prensa de la "Declaración del Agua".

Este documento contempla veinticuatro propuestas para conseguir una política de agua "sostenible, pública y participativa", desde los principios de "unidad de cuenca y de solidaridad y equilibrio territorial", y califica de "insensato" e "inviable" basar el futuro de regiones vulnerables en nuevos aportes externos.

Esta declaración plantea también la necesidad de "revertir la privatización que ha hecho del agua una mercancía y no un derecho", ha señalado Estañ.

El documento, ha añadido, contempla las medidas del Acuerdo Social del Agua y el Saneamiento promovido y firmado por un centenar de organizaciones sociales, ambientales, redes ciudadanas de defensa del uso sostenible del agua y sindicatos, y propone un "único proyecto cohesionador y sostenible del agua".

Plantea asimismo, desde el modelo territorial, la gestión de concesiones y una visión "integral", con propuestas que ya han sido planteadas por estas formaciones en sus autonomías y en otros casos trasladadas al Congreso.

Podemos aboga asimismo por un Pacto de Estado del Agua pero "de verdad", y no una mera "declaración de intenciones" como ha ocurrido en otros ámbitos como el de la educación o el pacto contra la violencia machista, ha dicho García Molina.

La Declaración del Agua, ha señalado, está sentando las bases sobre "un cambio de cultura del agua" que se demuestra en el hecho de que esté firmado por representantes políticos de comunidades autónomas en las que, a su juicio, "ha primado la guerra" y los "interés partidistas" en materia de gestión de acuíferos.

Para Urralburu, la nueva cultura del agua debe convertirse en una "política de Estado" que contemple el concepto de "solidaridad entre las autonomías".

"El agua está siendo objeto de privatización y las empresas están plagadas de casos de corrupción", ha lamentado Garrido, para quien es necesario "un nuevo planteamiento de la gestión del agua".

Por su parte, Escartín ha lamentado que hablar de agua sea sinónimo de "injusticias, conflictos y luchas" y sea una historia de "fracasos", por lo que ha abogado por llegar al "entendimiento" con alternativas "útiles y posibles".