El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón defiende hoy una iniciativa en la que reclama al gobierno central que active la Ley de Desarrollo Rural, aprobada en 2007, que sería "muy beneficiosa para los aragoneses", según ha indicado el diputado Ignacio Escartín.

En rueda de prensa, el diputado de la formación morada ha asegurado que de haberse puesto esta normativa en correcto funcionamiento la comunidad autónoma habría recibido 73,85 millones de euros extra que "nunca" han llegado, que habrían sido más ya que habrían venido acompañados de fondos europeos.

Por ello, ha pedido que Gobierno de Aragón y oposición vayan "juntos" a Madrid para activar esta ley con la participación de los distintos agentes en las comarcas.

Asimismo, ha informado de que su grupo en el Congreso de los Diputados interpelará mañana a la ministra Isabel García Tejerina sobre este asunto y que presentarán también una moción y una enmienda presupuestaria para dotar esta norma.

Ahora que hay una mayoría suficiente en Madrid, ha considerado que hay una "oportunidad", ya que si se consigue activar la ley está "seguro" de que la DGA hará "su parte".

Ha denunciado, del mismo modo, que desde su aprobación se ha hecho todo lo posible por guardar la ley "en un cajón" por "presiones caciquiles del propio PSOE", ya que "quizás" estaba demasiado detallada e incluía procesos de participación que culminaron incluso en programas piloto a nivel comarcal en Aragón.

Por otro lado, Escartín ha solicitado también al ejecutivo autonómico que "haga los deberes" y que reúna al Consejo para el Medio Rural de Aragón, que "no se convoca nunca" y que incluye a todas aquellas personas y organizaciones que tienen "algo que decir" al respecto.

Por su parte, la diputada de Podemos Marta Prades ha señalado que 23 de las 105 comarcas pendientes de revitalizar en toda España se encuentran en Aragón y que ellas comprenden la práctica totalidad de las provincias de Huesca y Teruel.

Ha abogado también por que las declaraciones de interés general, que agilizan los plazos administrativos las decidan los ciudadanos.

Su compañera de filas Marta de Santos ha destacado el funcionamiento más transparente y participativo que recoge esta ley, que es el motivo por el que cree que ha sido "escondida" por los partidos "retrógrados", porque da el poder a las organizaciones y empresarios locales en lugar de a los poderes "caciquiles".

Ha insistido en que esta ley va a llevar a una realidad territorial que "realmente vertebre" y en que los aragoneses deben entender que la despoblación tiene causas y soluciones políticas.

Por último, ha criticado que actualmente son las comunidades autónomas más pobladas las que más dinero reciben, mientras que esta normativa asegura que las inversiones son territorializadas y sostenibles.