El Partido Popular ha dado finalmente su beneplácito para que se tramite la reforma legal que permitirá que la provincia de Teruel mantenga los 14 escaños, de 67, que actualmente tiene en las Cortes de Aragón. Pero el partido, según aclaró su portavoz parlamentaria, Mar Vaquero, presentará su propia alternativa a la reforma para arreglar el problema sin vulnerar la Constitución ni el Estatuto, como a su juicio hace la propuesta actual. Así lo explicó ayer tras la Junta de Portavoces de las Cortes.

El problema deriva de la pérdida de población de Teruel que, ateniéndose a la normativa actual, haría que la provincia perdiese un escaño de representación, en favor de Zaragoza, en la próxima legislatura. Como todos los partidos con representación en las Cortes están en contra de esto, se barajaron soluciones como aumentar los diputados para mantener la proporción, pero esta opción se desechó por el aumento de presupuesto que supondría (y la dificultad de explicarlo a la opinión pública).

CENSO ELECTORAL

Así pues, el PSOE propuso, y todos los partidos salvo el PP lo apoyaron, cambiar el reglamento para que se tenga en cuenta el censo electoral en lugar de la población total. De esta forma, al parecer, Teruel no perdería tanto respecto a Zaragoza, quizá por tener esta más población joven e inmigrante, sin derecho a voto.

Precisamente por «excluir» población, el PP alertó de posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, y así se lo ha confirmado un informe que encargó a un experto de la Universidad de Zaragoza, no precisado.

Un informe de los servicios jurídicos de las Cortes expuesto ayer, por contra, avala la propuesta, y Vaquero aclaró que no la vetarán. Simplemente dan una alternativa, que detallarán hoy.

Así pues, el resultado, salvo que el informe jurídico de la DGA lo niegue, será igual. Y el portavoz del PSOE, Javier Sada, ironizaba con ello. «Bienvenidos a los conversos de última hora», afirmó, «aunque han tenido tres meses para presentar una propuesta».

El asunto se tratará en el pleno escoba -el último de la legislatura- del próximo viernes, 29, junto con las leyes de autónomos y comarca central o la convalidación de los decretos leyes de VTC y las ayudas a Opel y el coche eléctrico y los dictámenes de las comisiones de la central térmica, la deuda histórica o el accidente de la helitransportada.