Bolivia, Uruguay o Ecuador han incluido recientemente en sus constituciones el acceso al agua como bien público y universal, después de experiencias abundantes de colectivos en defensa de este modelo de gestión. En Europa, París y Berlín son ciudades en las que también se está cambiando la torna en favor del modelo público y en Italia un abrumador referendum consiguió revocar una ley de Berlusconi que pretendía privatizar el agua.
