La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, defendió ayer la reforma aprobada por la consejería de Sanidad para endurecer los criterios y los controles que se aplican en el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Y lo justificó en los defraudadores que, dijo, percibían la ayudan viviendo en el extranjero e incluso trabajando. No señaló cuántos casos habían detectado.

Rudi respondía así a una pregunta de la portavoz de IU, Patricia Luquin, que consideró que con la reforma de la normativa que regula el IAI se excluye a "a miles de personas en riesgo de exclusión". Supone, en su opinión, "la restricción de un derecho", cuando se trata de "una prestación esencial, un derecho subjetivo hasta la fecha", mientras que ahora "se incorpora la coletilla de disponibilidad presupuestaria", de forma que el derecho dependerá "del dinero que se tiene". Lo que debería hacer el Gobierno, subrayó es "poner los recursos suficientes para garantizarlo".

Rudi insistió en que "había perceptores que vivían, no ya fuera de Aragón, sino de España y cuando los recursos son escasos, la obligación del Gobierno es que los perciban quien tiene derecho". Algo que para la presidenta, es una "política social responsable y no demagoga".