La pasada semana nos enteramos que el Ayuntamiento de Zaragoza, encabezado por PP y Cs, ,ás el apoyo de Vox, no ejecutará las obras pendientes propuestas en la última edición de los presupuestos participativos. Además, el actual consistorio advertía de que no habrá una nueva edición sin una revisión profunda de la experiencia anterior.
Una de las alternativas propuestas es reducir el mecanismo a una mera votación de propuestas previamente planteadas por el equipo de gobierno, aspecto que supondría eliminar el protagonismo ciudadano. Más allá de confrontaciones partidistas, ¿para qué sirven los presupuestos participativos?
Si atendemos al origen en Porto Alegre (Brasil) hace 30 años, se observa que el principal objetivo era reducir las brechas sociales a partir de la redistribución del presupuesto municipal mediante la implicación de la ciudadanía. En Zaragoza, los presupuestos participativos fueron una de las medidas estrellas del anterior gobierno (Zaragoza en Común) para promover la democracia participativa a nivel local. Para ello, se planteó un modelo a partir del cual el ayuntamiento asumía el compromiso de aceptar las decisiones tomadas por la ciudadanía, independientemente si provenía a nivel individual o colectivo. De esta manera, se superaba las limitantes formas de participación institucional anteriores reducidas a la información y consulta. Una muestra de su carácter vinculante es que en la primera edición se ejecutaron más del 90% de las obras, elemento a destacar si lo comparamos con otras ciudades como Madrid en que las trabas burocráticas han supuesto que no se cumplan ni el 50% de las propuestas.
Si atendemos al perfil de las personas que participaron en las dos ediciones comentadas, la presencia de los grupos más excluidos fue reducida. Muestra de ello es que los distritos que menos se vincularon al proceso fueron Las Fuentes o Delicias, zonas donde la renta per cápita y el nivel de educación son más bajos, así donde mayor tasa de extranjeros existe. El tercer distrito en donde los índices de participación fueron más bajos fue el Centro. Aquí las cifras son opuestas: la renta per cápita y nivel educativo es de los más altos de la ciudad mientras que la tasa de extranjeros es de las más bajas. Por lo tanto, una de las lecciones de las experiencias pasadas es que no solo no participan los grupos más vulnerables sino tampoco los más enriquecidos, quienes tienden a resolver sus necesidades en el ámbito privado, sin necesidad de recurrir a los organismos públicos. Por otro lado, los distritos que más participaron fueron Miralbueno, Casablanca y La Almozara, correspondientes a sectores medios con un mayor nivel de estudios superiores donde la población extranjera también es reducida.
Logros desiguales
Se podría concluir por tanto que pese a que en un primero momento se atendieron a criterios de justicia socioespecial, redistribuyendo el dinero a los barrios más necesitados, no se logró que participasen los sectores más excluidos. La explicación de este resultado es compleja ya que son muchos factores que pueden incidir, algunos estructurales. La precarización laboral o la atención a cuidados familiares reducen el tiempo disponible de gran parte de la población. Además, hay que tener en cuenta que la incorporación de este nuevo mecanismo se enmarca en una trayectoria de cultura social caracterizada por la delegación. Más allá de ciertos sectores organizados, no existe una trayectoria de implicación ciudadana en los asuntos públicos. Es por ello que los presupuestos participativos deben ir acompañados, por un lado, de mejoras materiales en las condiciones de vida, así como el fomento de políticas formativas desde la educación primaria que promuevan la implicación ciudadana en la toma de decisiones públicas y comunitarias.
Qué hay de lo nuestro
En lo que se refiere al método implementado, una de las innovaciones era combinar la participación online con la presencial. Uno de los aspectos positivos es que la participación online ha permitido incorporar a sectores de la población que tradicionalmente no participaban en asuntos institucionales. A nivel presencial, hay que destacar la generación de espacios de confluencia entre colectivos como las AMPA y las organizaciones vecinales, promoviendo así la constitución de nuevas redes barriales. Sin embargo, se identifican fuertes desigualdades en los procesos deliberativos en donde los actores tradicionales (partidos y asociaciones vecinales) siguen teniendo una fuerte predominancia en la toma de decisiones. Así mismo, el hecho de no contar con dinamizadores profesionales, ha supuesto que en ocasiones se generasen espacios competitivos más que colaborativos, sin lograr transitar del «qué hay de lo mío» al «qué hay de lo nuestro», elemento esencial en cualquier proceso participativo.
Considerando lo anterior, ¿debemos renunciar a los presupuestos participativos? De ninguna manera. Si concebimos que la democracia se hace efectiva cuando la gente corriente interviene en la agenda pública y toma partida en los espacios de decisión, hay que seguir apostando por fórmulas que vayan en esta línea. Lejos de banalizar las experiencias pasadas, hay que profundizar en ellas con el objetivo de que cada vez sean más inclusivas. Para ello no hay que dejarse llevar por la inercia de la institución, sino impulsar nuevas fórmulas que incluyan a la población menos representada. Ello requerirá pensar en espacios y lenguajes sencillos y accesibles para todo el mundo, asegurando resultados perceptibles a corto plazo. La ciudadanía no se debe adaptar a la institución sino viceversa. No hay que tener miedo al desborde, al descontrol de los canales dirigidos desde la institución. De lo contrario, en vez de reducir las desigualdades, estos mecanismos se convertirán en pura cosmética, herramientas de legitimación política para mantener el status quo.
