El PSOE de Aragón está dispuesto a llevar a los tribunales la concesión privada de la construcción y gestión del futuro hospital de Alcañiz, que comenzará a edificarse la próxima primavera tras la licitación, prevista para el próximo mes de octubre. La formación presentó ayer las 18 alegaciones al plan de viabilidad hecho público por el Salud, pidió su anulación y criticó que la presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, pretenda "emular" a Madrid y Valencia con la gestión público-privada del centro. "El estudio de viabilidad abre un proceso de privatización de los servicios públicos de la sanidad aragonesa", exponen las alegaciones socialistas.

El PSOE carga especialmente contra los 561 millones de euros que supondrá para las arcas autonómicas la concesión a una empresa privada durante 25 años, cuando el presupuesto de la construcción y urbanización del hospital apenas alcanzan los 96 millones. Los socialistas, además, proponen que el centro hospitalario se haga con dinero del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite). "Con 20 millones en cinco años se puede hacer", aseguró ayer Eduardo Alonso, portavoz de sanidad del grupo.

Las alegaciones se basan fundamentalmente en la defensa de un modelo sanitario público, que es el que ha regido en la comunidad aragonesa "pero que se quiebra con la fórmula de colaboración público-privada que ha previsto el Gobierno de Rudi, siendo la primera vez que se utiliza en el sector sanitario aragonés".

En este sentido, los socialistas critican que el Bajo Aragón Histórico se convierta en el "conejillo de indias" de un experimento que ha sido un fracaso en Valencia y Madrid".

Así, el secretario general del PSOE Teruel, Vicente Guillén, enfatizó que el proyecto del hospital de Alcañiz "está condenado al fracaso" porque "cuenta con la oposición de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas bajoaragoneses" y, además, "no se sujeta jurídicamente" y es un "auténtico disparate" económico, ya que a los ciudadanos aragoneses les va a costar "más de 400 millones que si se hiciera con dinero público".

Por su parte, José María Andreu, del comité local del PSOE Alcañiz, mostró su preocupación por los trabajadores, ya que 150 de los 600 que hay ahora van a pasar a la empresa privada y, por lo tanto, "a condiciones inferiores, con lo que repercutirá en la economía del Bajo Aragón".