La reivindicación de mayor autogobierno para Aragón ha regresado con fuerza a la actualidad política. Una vez que se da por enterrado el trasvase del Ebro, el fervor autonomista ha vuelto a resurgir, a raíz del compromiso que José Luis Rodríguez Zapatero asumió en su investidura de que aceptará las reformas de aquellos estatutos con un amplio respaldo político y social. Este anuncio solemne ha desempolvado el dictamen sobre autogobierno, aprobado por unanimidad de las Cortes en la pasada legislatura, en el que se reivindica para Aragón, entre otras propuestas, el traspaso del máximo número de competencias que permite la Constitución y un modelo de financiación propio.
El dictamen parlamentario sobre autogobierno surgió del sentimiento común entre las fuerzas políticas de que la reforma del 96 del Estatuto de Autonomía se quedó muy corta, a medio camino del nivel competencial de otras nacionalidades históricas como Cataluña y País Vasco. Además, en la última reforma del Estatuto no se afrontó con plenas garantías la principal demanda de Aragón: la financiación.
El PP realizó entonces una maniobra de última hora e introdujo, a través de una enmienda, el controvertido artículo 48, que establece la firma de un convenio bilateral de financiación entre la DGA y el Estado.
Esta fórmula, cuya puesta en marcha el Gobierno central ha desoído de forma reiterada, es lo suficientemente confusa como para no agradar a nadie, no garantiza ni la autonomía ni la suficiencia financiera de la comunidad y mucho menos soluciona su deuda histórica, que en las últimas dos décadas ha aumentado de forma alarmante con el traspaso de competencias que se han rebelado deficitarias, debido a una mala negociación. Sin olvidar que en estos momentos la Administración autonómica presta nuevos servicios a los ciudadanos que no le son propios y no recibe ningún tipo de indemnización económica del Estado.
El dictamen de la comisión especial sobre la profundización del autogobierno fue aprobado en marzo del 2003 por el pleno de las Cortes, en los últimos coletazos de la quinta legislatura. La disponibilidad mostrada ahora por Zapatero a aceptar las reformas estatutarias con amplio consenso social ha empujado a los partidos políticos aragoneses a retomar el debate autonómico.
El PAR se ha dirigido ya a la Mesa de las Cortes para que eleve al pleno de la Cámara el acuerdo de creación de una Comisión de Estudio que tenga por objeto la concreción de las conclusiones del dictamen aprobado la pasada legislatura.
CAMBIO POLITICO Los aragonesistas consideran necesario reabrir el debate en Aragón ya que estima que, tras las últimas elecciones generales, se ha producido un cambio político en el ámbito del Estado que podría ser favorable al incremento y consolidación del autogobierno de las comunidades autónomas a través de las reformas de sus estatutos. "El PAR no va a dejar que Aragón pierda ese tren. Queremos acceder al máximo techo competencial que permite la Constitución". También CHA apuesta por abrir el debate de la reforma del Estatuto. "No hay que olvidar que en las Cortes se aprobó un dictamen de la Comisión de Autogobierno que fue aprobado por unanimidad", apunta su secretario general José Antonio Acero, para quien es necesario avanzar "hacia un modelo federal basándonos en los cauces del diálogo y en los cauces democráticos que las Cortes de Aragón nos han dotado".
IU, por su parte, ha presentado en el Parlamento aragonés una interpelación para preguntar "directamente" al Ejecutivo cuál es su política general "respecto al escenario político abierto, en relación con la posibilidad de un nuevo proceso estatutario que profundice y desarrolle el autogobierno aragonés". IU se propone trabajar por el autogobierno desde un "planteamiento federal", pluricultural, plurinacional, plurilingüístico y sobre todo "solidario".
