Ana Alós encabezó la lista del PP que ganó las elecciones en Huesca en el 2015, pero esa mayoría simple no le bastó para gobernar la ciudad, ya que el PSOE y el resto de fuerzas de izquierda sumaron más votos que ella y eso aupó a Luis Felipe a la alcaldía de la ciudad. Tres años más tarde, la también diputada popular en el Congreso ha presentado una iniciativa para modificar la ley electoral española que otorga la representatividad de los ciudadanos a los partidos, y no a los candidatos, motivo por el que la suma de varias fuerzas pueden superar a un partido aunque haya sido más votado. Su iniciativa fue rechazada por el resto de partidos.
Así lo establece el sistema electoral español, que no es presidencialista, y aunque es aceptado por todos, nunca es del agrado del partido que aglutina más votos en unas elecciones pero no los suficientes para configurar mayorías que le permitan gobernar. Las mayorías hay que buscarlas y saber encontrarlas, y así ha ocurrido en numerosas ocasiones en las distintas configuraciones de parlamentos y gobiernos municipales españoles. Es decir, no gana quien más votos obtiene, sino quien suma más sensibilidades.
Alós fue sincera al inicio de su intervención: «Fui alcaldesa en el año 2011 y volví a presentarme a la alcaldía de mi ciudad en el 2015. Mi candidatura volvió a ganar las elecciones, pero no pudimos gobernar a pesar de tener el mayor número de concejales. Una coalición de tres partidos, ninguno de ellos la lista más votada, fue la que formó Gobierno y eligió alcalde, alcalde que no había ganado las elecciones». Tan cierto como que tres partidos con afinidades ideológicas --ahora rotas por el devenir político-- optaron por aliarse y evitar el gobierno de los conservadores.
La propuesta popular planteaba una modificación electoral de modo que si una candidatura obtenía en un municipio el 35% de los sufragios y la siguiente más votada estaba a una distancia al menos de cinco puntos porcentuales, la lista más votada obtenía automáticamente la mitad más uno del número de ediles. La iniciativa también incluía la opción de que si la lista más votada obtuviera un 30% de los votos y distanciara a la segunda en al menos un 10%, también obtendría automáticamente la mayoría absoluta.
SEGUNDA VUELTA
Otro punto de la propuesta contemplaba la opción de que si no se daba ninguno de estos supuestos, hubiera una segunda vuelta electoral con la participación de las candidaturas que hubieran obtenido más del 15% de los votos. Actualmente, aquellas listas que obtienen un mínimo del 5% de los votos entran en el escrutinio.
Ningún partido refrendó esta opción. Fue considerada «antidemocrática» y contraria al sistema de «proporcionalidad». Para Alicia Ramos, diputada de Podemos, al PP «le da miedo la gente, no quieren reconocer que hay otra mayoría social y política. Les gusta el rodillo y el mando. No les preocupa la gobernabilidad, les preocupa la democracia». Por el PSOE, la también aragonesa Susana Sumelzo defendió la posición de su partido. A su juicio, la propuesta popular «demuesta la incapacidad del PP para sentarse a dialogar». Ciudadanos también votó en contra, a pesar de que su líder, Albert Rivera, se salta la lección de primero de democracia considerando que el gobierno de Sánchez, al llegar a través de una moción de censura, es un gobierno «okupa», «ilegítimo» o «rehén». Curiosas declaraciones para quien se erige en guardián de las esencias constitucionalistas y parece desconocer la figura de la moción de censura.
La iniciativa del PP tiene sin embargo pocas consecuencias. En toda España, apenas afectaría a 300 de los 8.000 municipios. Aunque, eso sí, el PP sería el partido más beneficiado. En Aragón, en los 24 municipios de más de 5.000 habitantes, esta propuesta no afectaría en ninguno. De hecho, solo en tres gobierna una lista que no ha ganado. Eso sí, lugares significativos: Zaragoza, Huesca y La Muela. En todos ganó el PP.
Todos proponen cambios
En todo caso, todos los partidos arriman el ascua a su sardina. El PSOE planteó en el 2004 una iniciativa similar, cuando las tendencias eran inversas a las actuales. Y Ciudadanos y Podemos toman el relevo a las viejas revindicaciones de IU o UPD y pretenden modificar también la ley D’Hont por la fórmula más proporcional de Sainte-Lagüé, adoptada en Alemania o Noruega. Esta aumentaría su representación en el Congreso, al ser partidos de fuerte implantación estatal pero que se ven afectados por el sistema de circunscripciones electorales españolas, que tienen en cuenta las configuraciones territoriales y compensan por la población.
En definitiva, un eterno debate para un viejo problema que revela un sistema ajustado a pesar de su imperfección.
