Reforma de la Ley de Ordenación de la Función Pública para adaptarla a la nueva situación tras la llegada de las competencias de Sanidad y Educación.

Homologación de las condiciones de trabajo y salariales del personal público.

Generalización de la cláusula de revisión salarial.

Implantación progresiva de la jornada semanal de las 35 horas.

Las Ofertas de Empleo Público deben desarrollarse el mismo año de su aprobación.

Transparencia en la contratación del personal de las empresas y organismos públicos.

Los contratos eventuales y las situaciones de interinidad no deben superar el 5%.