El consejero de Hacienda, Javier Campoy, y el portavoz del PSOE, Javier Sada, han protagonizado hoy en el pleno de las Cortes un rifirrafe a cuenta del endeudamiento, que el primero ha achacado a la herencia socialista y el segundo al fracaso en las políticas económicas de Luisa Fernanda Rudi.
En su comparecencia para informar del nivel de endeudamiento de la Aragón, Campoy ha subrayado que está por debajo de la media de las comunidades y se ha comprometido a seguir "desacelerando" la deuda y a reducir el coste de los intereses, pero con el peso de la "mochila" heredada del PSOE, ha dicho, "se corre más despacio".
Sada, por su parte, ha subrayado que el PP ha recibido una herencia pero va a dejar "una losa insoportable", porque en dos años y medio la deuda ha crecido en 2.037 millones de euros, un 61,13 por ciento mientras que la media de las comunidades ha sido del 51 %.
Además, ha criticado que ese aumento no sea para inversiones, para reactivar la economía o mantener las políticas sociales, sino por la caída en los ingresos y las "chapuzas" en los presupuestos, y le ha emplazado a un cambio "radical" en las políticas y a no buscar soluciones con más comisiones.
Campoy ha subrayado que con el PSOE la deuda creció un 300 entre 2008 y 2011 y ha asegurado que Aragón estará muy cerca del límite fijado para 2013 del 15,3 % del PIB, con una desviación de una décima por un matiz en el criterio de contabilización del plan de pago a proveedores, ya que el Gobierno de Aragón adelantó parte de los pagos con recursos propios para ayudar a las pymes.
En su intervención, el consejero ha tachado de "atrevido" que el PSOE le pida comparecer para hablar de la deuda, porque tiene un pasado del que "poco pecho se puede sacar", y ha aludido a los 425 millones en facturas "en los cajones" y al exceso de déficit que tuvo que afrontar el PP cuando llegó al Ejecutivo, y a la situación de "bancarrota" del ayuntamiento de Zaragoza, que gobiernan los socialistas.
Sobre este asunto, Sada ha reprochado a Campoy su "irresponsabilidad" y su falta de "lealtad institucional" con el ayuntamiento de Zaragoza.
Por su parte, Adolfo Barrena, de IU, ha opinado que son las políticas de "austericidio" y un endeudamiento "insoportable" los que están llevando al Gobierno de Aragón a la "bancarrota", mientras que José Luis Soro, de CHA, ha indicado que los bancos "se forran" con este Ejecutivo, ya que, de los 1.159 millones de euros de necesidad de financiación de este año, el 85 por ciento son para amortización e intereses.
Alfredo Boné, del PAR, ha rechazado que el debate se centre en el "y tú más" y no en cómo resolver el problema de la deuda sin tocar las políticas sociales y dando prioridad a las políticas activas de empleo, y en ese aspecto, ha pedido a Campoy que "defienda" Aragón para que logre una mejora en la financiación autonómica.
Finalmente, Antonio Torres ha reiterado el compromiso del PP con la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria como instrumento necesario para conseguir el desarrollo y ha indicado que el nivel de endeudamiento de Aragón es mucho mejor que la inmensa mayoría de las Comunidades, del 16,6 % del PIB frente al 21,2 % del conjunto.
La situación del ayuntamiento de Zaragoza y la polémica por el informe provisional de la Cámara de Cuentas de fiscalización del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2011 ha salido también en el debate del dictamen de la cuenta general de la Comunidad de ese mismo año.
Aunque todos los portavoces que han intervenido en este punto han defendido la labor de la Cámara, la del PSOE, Ana Fernández, ha lamentado la "gravedad" por la filtración del informe cuando aún es provisional y la "tormenta política" que ha generado, y ha reiterado que el PSOE seguirá pidiendo al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, que abra una investigación.
Jorge Garasa, del PP, ha hecho hincapié en que si algún grupo se siente agraviado por el informe tiene a su disposición los cauces legales que considere oportunos en lugar de hacer tanto "ruido" en el parlamento, mientras que Manuel Blasco, del PAR, ha lamentado que la Cámara esté "en el ojo del huracán".
Luis Ángel Romero, de IU, ha tachado el hecho de "grave e insólito", ha reclamado que se aclare lo sucedido y ha mostrado su preocupación por el conflicto institucional generado y el interés "desmedido" del PP en este asunto, en su opinión para sacar "rédito" electoral.
No obstante, ha subrayado que a su grupo no le preocupa entrar en el "meollo" del asunto y en pedir, cuando esté el informe final, responsabilidades si se detectan irregularidades.
