El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha acusado a la concejala del PP María Navarro de hacer suyos "los deseos" de FCC en sus litigios con el Consistorio, en lugar de defender los intereses de la ciudad.
"Si alguien quiere defender los intereses de FCC, que pida un puesto de directivo", ha exclamado Rivarés en su comparecencia a petición del Grupo Popular para dar cuenta del impacto en las finanzas municipales de las posibles sentencias condenatorias relativas a la revisión de precios del servicio de limpieza viaria, que calcula en hasta 45,6 millones de euros.
En concreto, el Consistorio debe abonar ya 181.000 euros relativos a los ejercicios 2008 y 2009, dado que el recurso al Tribunal Supremo ha sido desestimado.
Pendientes de la admisión de sendos recursos están las revisiones de precios de los ejercicios 2010-2011, por importe de 6 millones de euros, y de 2012-2013, con 12 millones de euros, a lo que habría que sumar los intereses de demora y las consecuencias para las facturas de años posteriores si las reclamaciones de la empresa fueran atendidas.
El consejero ha señalado que el Gobierno de España estipuló en 2011 que no se debían tener en cuenta las revisiones de precios por mano de obra, ya que suponían una "sangría" para las administraciones públicas, además de que no han mejorado las condiciones laborales.
Sobre las soluciones, ha subrayado que las buscará cuando haya sentencias firmes y ha recordado que en esta legislatura el Gobierno de la ciudad ha abonado 105 millones de euros por sentencias condenatorias cuando la dotación del fondo de contingencia era de solo 250.000 euros en 2015.
Por este mismo motivo ha sido interpelado en una comisión conjunta extraordinaria el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, quien se ha limitado a decir que las tesis del PP son simples "elucubraciones" y que defenderá los intereses municipales.
Justo después de las dos primeras intervenciones de Cubero, la Comisión ha tenido que ser suspendida por falta de quórum ante los reproches de los populares a la bancada de la izquierda.
En el turno de los grupos municipales, la popular María Navarro ha urgido a buscar una solución a un problema procedente de los gobiernos socialistas anteriores y ha preguntado por cómo se va a hacer frente a estos pagos cuando el Ayuntamiento tiene denegado el acceso al Fondo de Impulso Económico (FIE) por superar el nivel máximo de endeudamiento.
Aunque la gran mayoría de las sentencias condenatorias no son firmes, ha abogado por planificar y ha recordado que a los más de 40 millones de FCC se podrían sumar otros 29 millones correspondientes a Avanza, si se diera un proceso judicial con el mismo resultado.
Desde el PSOE, Marta Aparicio ha achacado la convocatoria de esta comisión extraordinaria a los "nervios preelectorales" del PP y a un "ataque de celos" después de que Ciudadanos hubiera registrado antes iniciativas en el mismo sentido.
El problema, en todo caso, "lo tiene la ciudad" si finalmente el Tribunal Supremo ratifica el criterio mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por lo que de poco sirve hacer "aspavientos" o "tirarnos al suelo pidiendo penalti y expulsión", ha dicho dirigiéndose a Rivarés.
La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha indicado que no está en contra de recurrir, pero ha pedido un informe detallado del impacto que podrían causar todas estas sentencias en las arcas municipales en un momento en el que el Ayuntamiento tiene prohibido el acceso al crédito a largo plazo.
Carmelo Asensio (CHA) ha considerado que el Gobierno de Zaragoza ha actuado "como tenía que actuar" en estos litigios, aunque ha instado también a pensar en el escenario de que el resto de recursos sean desestimados.
