El pleno de las Cortes se saldó con un agrio enfrentamiento entre la presidenta y la portavoz de IU, Patricia Luquin. Y todo por el caso Plaza, auspiciado desde la consejería de Obras Públicas, y que ahora pone al Ejecutivo en una complicada tesitura: la de tener a uno de sus miembros imputados. Ayer Luisa Fernanda Rudi negó la mayor, el titular del departamento de Economía, Francisco Bono, no lo está. Y de llegar a producirse este hecho, pondrá su cargo a disposición de la jefa del Ejecutivo. Pero de momento, lo dejó claro: «No trituro a una persona por un titular».

Esa persona es Francisco Bono que de momento se libra de la imputación por su condición de aforado. Ahí fue a atacar la portavoz de IU, que se preguntó qué pasaría, qué decisiones tomaría la presidenta si el consejero de Economía no tuviese este tratamiento especial. «Si no fuera aforado, ¿ya estaría cesado?», le lanzó al aire Patricia Luquin, que una vez más logró sacar de sus casillas a la presidenta, a la que exigió que sea «consecuente y coherente», porque no se puede hablar de ejemplaridad y transparencia para luego no ejercitarlas.

A LA ALTURA / Luquín, brillante en algunos puntos de su intervención, argumentó que en política tan importante son los gestos como la coherencia, la ética, la estética y, sobre todo, la responsabilidad. El caso Plaza, recordó, no es un tema «menor». No en vano, acumula cinco causas judiciales abiertas, y tiene la «enjundia suficiente» para que el Gobierno de Aragón esté «a la altura de las circunstancias», después de que el viernes pasado, en un «punto de inflexión», el juzgado de instrucción número 12 de Zaragoza imputara «a todo el consejo de administración de Plaza de 2008, incluido al consejero », aunque como es aforado «tendrá que esperar». En la misma situación están el portavoz del PAR, Alfredo Boné, y el socialista Alfonso Vicente. Bono hizo público el pasado viernes un comunicado en el que anunció que pondría su cargo a disposición de Rudi si finalmente era encartado. Algo que solo puede hacer el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Así que el consejero de Economía, al menos momentáneamente, no está imputado. Y a este hecho irrefutable se agarró con uñas y dientes la presidenta en su argumentación. De entrada la pregunta de IU para saber si Rudi va a cesar o no a Bono, a la jefa del Ejecutivo le pareció «precipitada». Culpó a Luquin de «tergiversar la realidad». Entendió la popular que del debate podía extraerse la idea de que el Gobierno está implicado en el caso Plaza o que no hace nada para que se conozca la verdad.

NADA QUE OCULTAR / Abundó en que su Gobierno «no tiene nada que ocultar» y recordó que la DGA se ha personado como acusación particular en defensa de los intereses de todos los aragoneses desde el primer momento, en todos los procedimientos. Así que, dijo, «lecciones ninguna». Y con «demagogia», menos aún. Rudi, que se ha mostrado siempre muy crítica con la corrupción insistió en que ella respeta los principios de justicia y ecuanimidad y por eso no va a tomar decisiones cuando todavía es «prematuro». Aunque en caso de producirse la imputación se cesará a Bono. La presidenta lamentó el «daño» que Luquin ha hecho a Bono, una persona con una larga trayectoria profesional y personal, y subrayó que para IU quizá todo vale para «derribar » a un gobierno del PP, pero para ella «el fin no justifica los medios» y tomará medidas «cuando las tenga que tomar».

Ningún argumento fue suficiente para Luquin que mostró las declaraciones del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez. El edil pidió la dimisión del vicealcalde, Fernando Gimeno, y las concejalas Carmen Dueso e Isabel López por estar imputados. Por eso la portavoz de IU denunció la «doble vara de medir» del PP.